Fue un operativo policial pocas veces visto y dirigido por el propio director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, José Gregorio Sierralta. El resultado era predecible: la rápida captura de los presuntos responsables del doble homicidio de la actriz y ‘miss’ Venezuela 2004, Mónica Spear, y su exesposo Thomas Henry Berry.
Hay once personas involucradas, la gran mayoría de ellas pertenecientes a una banda que hacía vida en una invasión adyacente a la autopista Puerto Cabello-Valencia. Sierralta aseguró que el autor material se llama Jean Carlos Colina Alcalá, de 19 años, la persona que disparó siete veces contra sus víctimas, que decidieron encerrarse en el vehículo accidentado para evitar el robo. La hija menor de ambos, de cinco años, resultó herida en una pierna. La bala no ha sido extraída por los médicos porque no comprometió órganos vitales en su trayectoria.
Era la respuesta que necesitaba el Gobierno, que suele exigir resultados rápidos a la policía cuando ocurre un escándalo de esta magnitud. Nadie duda en Venezuela de que éstos son los culpables y asocian la pronta resolución a la gran capacidad de los investigadores. Hay un consenso generalizado: los cuerpos de seguridad saben dónde están los delincuentes, quiénes son parte de las bandas de matones que roban y asesinan a quien se resiste a sus fechorías, pero están impedidas de actuar como quisieran por órdenes políticas. El chavismo siempre le ha temido al efecto que la represión genera entre los más humildes, sus potenciales electores.
La rápida resolución de este crimen contrasta con la alarmante impunidad de la mayoría de los casos. Cifras de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia indican que nueve de cada diez homicidios que se comenten en el país quedan sin culpables. Es un problema complejo en el que se mezclan la inacción, la falta de personal –fiscales, jueces, policías- abocado a investigar y resolver los asesinatos y cierta displicencia del Estado venezolano para hacer valer el principio de autoridad. Si bien reconoce la magnitud del problema, el gobierno hace una lectura distinta de su apogeo. Unos, los menos, como el diputado chavista Elvis Amoroso, culpan a la oposición de tener las armas. Otros, los más, afirman que todo es consecuencia de los “antivalores sembrados por la cultura capitalista” y del efecto perverso de la programación de los medios de comunicación.
Hasta ahora no se conoce la versión de los supuestos asesinos, quienes han sido condenados en el juicio sumario de la opinión pública. Si son o no cabeza de turco parece ser lo de menos. En medio del funeral el padre de la ex miss Venezuela, Rafael Spear, respondió a una pregunta sobre los presuntos responsables del hecho con una declaración que resume parte del estado de ánimo nacional: “Ellos me han destrozado el corazón”. Todos los involucrados han sido enviados a la prisión de Tocuyito en la ciudad de Valencia, 170 km al Occidente de Caracas.
Artículo de Alfredo Meza en El País
