Las telenovelas, que por años fueron junto con el petróleo y las reinas de belleza los principales productos de exportación de Venezuela, hoy se encuentran en el centro del debate y enfrentan el riesgo de nuevas regulaciones posibles ante los señalamientos hechos por las autoridades de que estarían fomentando la creciente violencia que impera en el país suramericano.
El presidente Nicolás Maduro prevé reunirse en las próximas horas con los directivos de las televisoras privadas y representantes de las empresas de cable para iniciar una revisión sobre la programación de los canales, que según él transmiten «antivalores de la muerte, culto a la droga, el culto a las armas, el culto a la violencia».
Venezuela es considerada uno de los países más violentos de la región, con una tasa de homicidios que según registros oficiales está en 39 por cada 100.000 habitantes, pero que de acuerdo con cálculos independientes cerró el año pasado en 79 por cada 100.000 habitantes.
La criminalidad adquirió este mes protagonismo tras el asesinato de la popular actriz y ex Miss Venezuela, Mónica Spear, muerta junto a su pareja dentro de un vehículo en una carretera del centro del país. La hija de la actriz, de cinco años, resultó herida de bala en una pierna.
Aunque las autoridades no han aportado mayores detalles de lo que podría implicar la revisión, analistas y personalidades del sector de televisión temen que el gobierno podría incrementar los controles sobre los contenidos de los canales que están regulados por una ley especial desde el 2004. La legislación actual establece restricciones para la transmisión de programas con contenidos de sexo y violencia.
La producción de las telenovelas, que por años fue un negocio de exportación rentable, entró en una recesión debido a las dificultades económicas que enfrenta el país.
Durante el año pasado en el país solo se produjo una telenovela y los canales locales ha incurrido en fuerte «autocensura» para evitar las millonarias multas que impone la ley que regula los medios radioeléctricos, dijo a la AP el escritor y guionista Alberto Barrera Tyszka.
En su mensaje anual en el congreso, el miércoles pasado, Maduro fustigó a los canales privados, y criticó de manera particular una telenovela local, cuyo nombre no mencionó, en la que aseguró que la protagonista «se ha echado al pico (asesinado) a más de nueve. Ha matado hasta su madre. La mató y es la héroe».
En repuesta, la actriz de la telenovela local «De todas maneras rosas», Norkys Batista, dijo en su cuenta de Twitter que su personaje de Andreina Vallejo, al que alude el gobernante, es una psicópata, pero sostuvo que es solo un personaje. La telenovela es difundida en horario nocturno por el canal Venevisión.
No es la primera vez que Maduro critica las telenovelas. En agosto pasado el mandatario anunció que el gobierno produciría telenovelas para enfrentar los «antivalores» de las que transmiten los medios locales, muchas de las cuales son de factura colombiana y mexicana.
Maduro, al igual que su antecesor Hugo Chávez, ha cuestionado las producciones estadounidenses como «El hombre araña», y ha asegurado que la película es una «fábrica de antivalores» que estimula la violencia entre los niños.
Barrera Tyszka consideró como «ridículo» que el gobierno responsabilice el problema de la violencia «a una hora o dos de telenovela en la noche», y dijo que «genera mucho más violencia la cantidad de armas ilegales que hay en el país que reconocidas por el mismo gobierno son entre 9 y 15 millones».
El escritor indicó que la telenovela venezolana de los últimos años ha estado sometida a una «autocensura» por las regulaciones locales que existen hacia los medios, y es «mucho menos violenta de lo que podría ser otro tipo de telenovela».
«No aparecen casi armas en la telenovela venezolana. Hay una cantidad de cosas que no se hacen por temor a ser multados», agregó.
Andrés Cañizalez, investigador del área de comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, expresó el temor de que esta nueva iniciativa del gobierno pueda ser utilizada para abrir «un nuevo frente para que se amplíen los controles del gobierno sobre los contenidos en los medios de comunicación».
AP
