Asimismo, el Ministerio Público en comunicación remitida a Ingeniería Municipal de Zamora, pidió información sobre si hubo o no permisología para realizar la construcción de viviendas en dicho lugar
“La Fiscalía 25 Anticorrupción del Ministerio Público, giró instrucciones con carácter de urgencia a la Dirección de Catastro de la Alcaldía del municipio Zamora, para la realización de un censo poblacional de las personas que actualmente se encuentra ocupando viviendas en terreno de mi propiedad que ha sido objeto de una invasión promovida por ex funcionarios municipales”.
Las declaraciones pertenecen a Leandro Gil, quien manifiesta ser propietario del terreno ubicado en el sector El Desvío, carretera nacional Guatire La Rosa, frente al CDI de Quemaíto, “el cual está debidamente inscrito en la Dirección de Catastro”.
Asimismo, señala Giil, que se ha solicitado a la directora de esta dependencia, Rosangela Osío, realice la fijación fotográfica, “a objeto de dejar constancia de las características y el estado en que se encuentra el terreno, así como cuantas viviendas y familias están allí”.
-Igualmente, dice el denunciante, que esta Fiscalía, en comunicación dirigida a la ingeniero municipal, Aixa Rondón, le solicita con la premura del caso y de conformidad con lo establecido en los artículos 111, 116 y 118 del Código Procesal Penal, “se sirva remitir copia certificada de toda la documentación relacionada con la permisología para realizar, como efectivamente se hizo, la construcción de viviendas en el mencionado terreno. En caso de que no exista ninguna autorización o permisología, mediante escrito mencionar al o los responsables que del anterior gobierno ampararon dichas construcciones”.
300 familias ocupan terreno
De acuerdo a la denuncia de Gil, este caso se sigue en la Fiscalía 25 Anticorrupción del Ministerio Público, “por invasión, ocupación y negociación del terreno, donde presuntamente el exalcalde Oswaldo Sifontes sería el cabecilla de estos hechos, en complicidad con los exfuncionarios de la Alcaldía de Zamora, Ramón Mendoza y Samuel Cetina, a quienes se suma Inmer Martínez, efectivo activo de la Policía Municipal. En el terreno hacen vida 300 familias agrupadas en la OCV o Consejo Comunal Villa la Fortaleza, quienes ahora, más que nunca, se encuentran en total desamparo legal, al ser engañados por las personas antes mencionadas, quienes les quitaron fuertes sumas de dinero con la falsa promesa de otorgarles el título de propiedad”.
Agrega Leandro Gil, que cualquier intención de regularización de estadía por parte de los actuales ocupantes del terreno, “se debe hacer con el propietario del terreno, mas no con funcionarios corruptos que se han aprovechado de la necesidad del techo propio de estos compatriotas”.
Martín Lobatón M.
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