María Verdeal, vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), exigió este lunes al Gobierno nacional que aclare qué tipo de negociaciones realiza con diversos grupos hamponiles en el país, luego de los recientes hechos ocurridos en Ocumare del Tuy, donde fueron abatidos tres presuntos delincuentes en un supuesto enfrentamiento con funcionarios del Cicpc.
Según señalan versiones del caso, uno de los fallecidos habría sido integrante del Movimiento por la paz y la vida.
Verdeal explicó que en los últimos meses ha quedado al descubierto la creación de instancias de la criminalidad dentro de sectores populares, barrios y pueblos con un supuesto conocimiento y aprobación del Gobierno nacional.
“Se trata de la conformación de microestados dentro del Estado venezolano. ¿Es que acaso al Gobierno de Maduro se le fue de las manos el tema de la inseguridad, del hampa y está negociando de forma clandestina con estos sectores que actúan al margen de la ley?”, expresó.
“En los estados Guárico, Aragua y Miranda, un ciudadano denominado El Picure, tenía una banda organizada conocida como El tren del llano, con página web incluida, dedicado al sicariato, secuestros y tráfico de drogas. En el estado Carabobo, donde murió Mónica Spear, también existían bandas organizadas con las mismas características, de lo cual el gobierno tenía pleno conocimiento”, acotó.
Destacó que el Movimiento por la Paz y la Vida que lleva adelante el Gobierno nacional, realiza una especie de desarme de bandas criminales a las cuales les estaría intercambiando sus armas por recursos económicos.
“Estas políticas han fracasado en países de América Latina como El Salvador, Colombia y Brasil por ser simplemente erradas, además, ¿Es que este movimiento tendrá como objetivo ser una trinchera para la impunidad? Maduro debe dar una explicación porque una cosa es la regeneración del ciudadano que se encuentra en actividades al margen de la ley y otra muy distinta dejar de lado los crímenes y acciones que les han sido reconocidos, ya que de acuerdo al Cicpc, 10 de los miembros de la banda Los orejones, están solicitados por homicidios, secuestros desapariciones, robo y hurto de vehículos”, aseveró.
Agregó que «el Gobierno propone el desarme de las personas legalmente armadas y pretende buscar la solución de la inseguridad eliminando los portes de armas correspondientes a las registradas en la Dirección general de armas y explosivos perteneciente a las Fuerzas Armadas. Esto es absurdo porque se trata de un grupo minoritario de ciudadanos que han cumplido con los requisitos legales para poseer un arma en el país ¿Será que piensan que el hampa tiene porte de arma legal?”.
NP
