El empresariado venezolano anunció este martes que impugnará la ley de precios justos, que marca ganancias máximas de 30%, por considerarla inconstitucional, al tiempo que llamó al gobierno a liberar dólares, principalmente para facilitar la comercialización de alimentos.
«Vamos a presentar un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia contra la ley de precio justo», dijo en rueda de prensa Jorge Roig, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio (Fedecamaras), que reúne gran parte del sector empresarial venezolano.
Esta ley, emitida por el presidente Nicolás Maduro como parte de los poderes especiales que le aprobó la Asamblea Nacional en noviembre pasado para combatir una supuesta «guerra económica» del sector privado, entró en vigor el pasado 24 de enero.
«Lejos de contribuir a mejorar la economía del país, hará que sea mucho más grave. El gobierno no termina de convencerse de que la causas del desastre económico que tenemos es precisamente el modelo económico e insiste en profundizarlo», añadió Roig.
En Venezuela, la inflación cerró 2013 en 56,2%, la mayor de América Latina, y la escasez de productos se ubicó en 22,2% en diciembre. El crecimiento del PIB del año pasado se estima será menor de 3%, contra el 6% pronosticado inicialmente.
Roig detalló que el carácter «inconstitucional» de esta radica en el hecho de que declara como materia de «utilidad pública» a toda la cadena nacional, cuando la constitución estipula que «el sector privado conjuntamente con el gubernamental son los que deben proponer un modelo económico».
Por otro lado, Roig urgió al gobierno a liberar las divisas para el sector privado a fin de evitar un «colapso», principalmente en el sector de alimentos, productos básicos y salud.
El adeudo en la entrega de divisas al sector privado suma 13.400 millones de dólares, siendo los sectores de alimentos, farmacéutico, químico y aviación los más afectados. AFP
