La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, considera que en Venezuela se vive una guerra económica manifestada en la usura, especulación, acaparamiento y la desestabilización económica que ha generado alzas de precios y escasez de algunos productos, obligando al Estado venezolano a actuar de manera cohesionada para enfrentar esa situación y dar bienestar a todos los venezolanos.
Durante la instalación de la “Jornada sobre la ley Orgánica de Precios Justos: Aspectos Administrativos y Penales”, efectuada en el auditorio de la sede principal del Ministerio Público, ubicada en la avenida México de Caracas, la máxima representante de la institución enfatizó que el Estado debe prepararse para afrontar esa lucha, pero hacerlo en conjunto con el apoyo de la población.
En ese sentido, se refirió a los alcances de la citada normativa promulgada en el marco de la Ley Habilitante por el presidente de la República, Nicolás Maduro, la cual contempla 15 tipos penales.
Dijo que de ellos, tres tienen carácter novedoso, como son: la desestabilización económica, la reventa de productos de primera necesidad, aplicado a las personas que no compran productos para consumirlos, sino por el contrario para venderlos a mayor precio, y la corrupción entre particulares, situación que no estaba prevista en la legislación venezolana.
Agregó que en la mencionada ley también se encuentran previstos y sancionados la usura, acaparamiento, contrabando de extracción, especulación y alteración fraudulenta de los precios, entre otros delitos.
Ortega Díaz, quien también preside el Consejo Moral Republicano, precisó la importancia histórica que tienen los fiscales asignados para aplicar la Ley Orgánica de Precios Justos, lo cual calificó como un compromiso de Patria en el que debe prevalecer la seriedad, responsabilidad y honestidad.
Recalcó el rol fundamental de la actitud de los venezolanos para denunciar los delitos. Por ello pidió a la ciudadanía denunciar todos los casos de acaparamiento, usura y especulación sobre los que tengan conocimiento, y también advirtió a las personas que ejercen el comercio o actividades económicas a apegarse a la ley y a no incurrir en hechos para crear desestabilización en el país.