Desde la Asociación de Trabajadores Emprendedores y Microempresarios (ATRAEM) calificaron de represiva a la nueva Ley Orgánica de Precios Justos, la cual tiene como objetivo la búsqueda de un control absoluto de la vida comercial en Venezuela. Afirmaron que con esta legislación el Estado tendrá dominio total en aspecto como la importación y distribución de bienes, sin dejar de lado las fuertes sanciones contra los comerciantes que van desde confiscaciones y penas carcelarias.
Gerardo Allí Poveda, abogado y directivo de Atraem, explicó que con esta nueva ley nace un órgano ejecutivo llamado Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde), que tiene facultades enormes regulando todo lo relativo a la importación, distribución y llegando a imponer sanciones muy fuertes que llegan hasta confiscaciones de negocios y cárcel a los dueños. “Con este estatuto el Gobierno tiene injerencia absoluta en todos los aspecto de la vida comercial en el país, viendo como aspecto más grave la potestad del Sundde de aplicar declaratoria de utilidad pública sobre comercios si violentan la ley”, aseguró.
Poveda recordó que el sector comercio es el mayor empleador en Venezuela y que con la Ley de Precios se da un golpe en la yugular a esta actividad económica, ya que control absoluto del estado en la importación y distribución de bienes crea un alto riesgo de discriminación a la hora de asignar a los comerciantes la posibilidad de adquirir los productos. “Aquí se está buscando impedir la libertad económica porque con esta Ley el estado tiene el poder de decir a quien dejará importar y a quien no o a quien distribuirá los productos, esto además de discriminatorio generará mayor escases de la que tenemos actualmente. Podría ocurre el mismo mal como ocurrió con Cadivi”.
El abogado reveló que las sanciones en la nueva Ley golpean duramente al comercio como personalidad jurídica y a los propietarios en específico, entre las penalidades esta la confiscación y hasta cárcel de hasta 14 años si violan la legislación. “El Sundde tiene potestad sin ningún tipo de defensa para el comerciante de declarar su negocio de utilidad publica violentado el derecho a la propiedad, y las penas no son solo multas sino cargos judiciales que en los casos más extremos llegan a 14 años de cárcel para los infractores. Esto producirá una disminución de la actividad comercial en el país y corrupción fomentada por los funcionarios del este organismo como ocurría anteriormente con el Indepabis”, dijo.
“La Ley no fue consultada con los comerciantes ya que fue aprobada vía habilitante”
Desde la directiva de Atraem recalcaron la falta de discusión de la Ley Orgánica de Precios Justos, donde fue ignorada la opinión de pequeño y media comerciante aguas abajo, que ven este este instrumento un mecanismo de represión para asfixiar la actividad económica. “Esta legislación fue creada en los laboratorios del Gobierno sin la más mínima discusión, y vemos que el objetivo principal es expropiar y golpear al comerciante para ellos asumir el control total de esta actividad. Es importante resaltar que esto agudizara aún más la escasez de alimentos y todo tipo de productos”.
