Más policías y más patrullas no resuelven el acoso de la criminalidad en Venezuela. Policías que carecen de viviendas, de calidad de vida, de instrucción cívica, la mayoría viviendo en barrios de zona roja, con problemas familiares, sin control psico-social y sin sanidad mental
Cesáreo José Espinal Vásquez
e-mail: cjev@cantv.net
En nuestro país se ha venido aplicando, en todos los gobiernos, los llamados operativos o comandos policiales acorde a las circunstancias, es decir, a merced de los escándalos públicos de asesinatos, atracos y secuestros pero los intentos que se han hecho fueron a parar a las papeleras, porque todo los gobernantes asumen sus funciones como “escoba nueva”, ensayando sus propios criterios en franca megalomanía, pero dejando una magna estela de incompetencia para que el crimen siga pagando en todos los delitos. Se crea comando policial unificado y dura mientras otro crimen olvida el anterior y así sucesivamente , pero no se establece un verdadero Consejo Nacional de Policía, de carácter permanente y una cónsona Ley Orgánica de Policía, por lo que lamentablemente los ciudadanos andamos al descubierto y la buena de Dios con policías a la deriva.
Más policías y más patrullas no resuelven el acoso de la criminalidad en Venezuela. Policías que carecen de viviendas, de calidad de vida, de instrucción cívica, la mayoría viviendo en barrios de zona roja, con problemas familiares, sin control psico-social y sin sanidad mental. Darle un arma a un ciudadano en esas condiciones es igualmente un crimen y así vemos, que han asesinados policías para despojarlos y si no se protegen ellos mismos contra los delincuentes, ¿ qué podemos esperar?.
El problema del delito debemos buscarlos en la estructura de organización ciudadana. Insisto, que la instrucción cívica es de urgencia tanto para el ciudadano común como para los policías que nos “cuidan”; como el padrón municipal y el certificado de sanidad mental.
En cuanto a la instrucción cívica es una tarea a mediano y largo plazo, pero debe comenzarse sin más preámbulos. Referente, al certificado de sanidad mental, deberá sancionarse la ley y todo su procedimiento, que ha debido realizarse desde hace años. Más del 90% de los delincuentes tienen problemas mentales y las cárceles no lo rehabilitan sino deben estar en centros de reclusión socio-patológica. En definitiva, si se pone el interés necesario y urgente, no haciendo corredores de seguridad sino implementando la obligatoriedad del padrón de vecinos, que no es otra cosa, que la residencia municipal establecida en la Ley Orgánica de Registro Civil. El certificado de residencia conlleva controlar al orden público en primer lugar, además, los beneficios de la asistencia hospitalaria, la pensión de vejez, niñez abandonada, desempleo, vivienda, escuela y general la conducta de la sana convivencia social. Pero esta obligación que impone la Ley no debe estar en la letra muerta sino establecerse mediante resolución o reglamento para que el certificado de residencia deba ser exigido para las designaciones en cargos públicos y privados, para la escolaridad, para obtener licencia de conducir vehículos, contraer matrimonio, asistencia hospitalaria, etc., por lo que si realmente se cumpliera, podremos confiar en la seguridad de personas y bienes y no habrá policías a la deriva.
