CARACAS, 14 febrero 2014 (AFP) – Unos 2.000 estudiantes críticos del gobierno venezolano marcharon este jueves en Caracas, en un nuevo jalón de las protestas que se repiten en distintas ciudades hace 10 días y que el miércoles derraparon en sangrientos incidentes con saldo de tres muertos y decenas de heridos.
«¿Quiénes somos? Estudiantes. ¿Qué queremos? Libertad», fue el grito de batalla de los jóvenes que manifestaron sin incidentes durante horas mientras llevaban pancartas con consignas como «No más violencia, no más represión» o «Este gobierno va a caer».
Más temprano, en el sector central de la capital un puñado de militantes oficialistas respondió a la llamada a participar de una «marcha antifascista» convocada por la ministro de Información, Delcy Rodríguez.
El miércoles, miles de estudiantes marcharon contra la inseguridad, la inflación, la escasez de productos y la detención de compañeros, en la mayor protesta contra el presidente Nicolás Maduro desde que sucedió en el cargo a Hugo Chávez, fallecido hace once meses.
Maduro, en un encendido mensaje por radio y televisión, denunció que en Venezuela había «un golpe de Estado en desarrollo».
Órdenes de arresto
La misma noche del miércoles la justicia emitió órdenes de arresto contra al menos tres opositores, entre ellos el líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, bajo cargos de asesinato, terrorismo y asociación para delinquir, entre otros.
López está «en su casa, con sus abogados. Está en Venezuela, se queda en Venezuela y va a dar la cara porque no tiene nada que temer, porque va a seguir protestando en la calle», anunció Carlos Vecchio, dirigente del mismo partido.
Vecchio explicó que los fiscales y jueces han «confirmado extraoficialmente» la orden de captura y que los abogados acudieron a tribunales para conocer la medida judicial, pero no obtuvieron respuesta.
Un pelotón de la Dirección de Inteligencia Militar, con armas largas, ingresó por la tarde a la sede de Voluntad Popular e interrogó unos minutos a los militantes por el paradero de Vecchio –que no estaba– y luego se retiró.
López es uno de los tres dirigentes que impulsan ocupar las calles bajo la consigna «La salida» para oponerse al gobierno, que ganó las presidenciales de abril y refrendó con mayor margen en las municipales de diciembre.
Los otros dos son el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y la diputada María Corina Machado, que goza de inmunidad parlamentaria.
«Tenemos que hacernos fuertes en la calle», la meta «es que tengamos una fuerza popular en la calle que pueda ser una contraparte al peso y al abuso de poder por parte del gobierno», había dicho López el martes en entrevista con la AFP.
«El argumento de que no podemos protestar porque habrá violencia es un chantaje que busca paralizar a una población que ha encontrado que todas las vías institucionales están cerradas», dijo por su lado este jueves Machado interrogada telefónicamente por la AFP.
Pero la legisladora aclaró que se aspira a una salida institucional. «Planteamos un debate ciudadano para evaluar los mecanismos (de relevo gubernamental) que establece nuestra constitucional y los mecanismos para activarlos», agregó.
La táctica de protestas en la calle ha sido calificada como golpista por el gobierno, pero incluso genera reticencias en el seno de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), entre ellos el líder y excandidato presidencial Henrique Capriles.
«Vamos a canalizar el descontento, pero yo no les voy a mentir, las condiciones no están dadas para presionar la salida del gobierno», dijo este jueves Capriles en rueda de prensa.
Para el analista Luis Vicente León, la violencia de esta semana podría no afectar al presidente Maduro.
«No creo que los eventos se traduzcan en una pérdida de popularidad para Maduro (…). Es mucho más riesgoso para él sus malos movimientos en lo económico, pues empeorarán la calidad de vida de la población y eso sí podría afectar su popularidad», explicó a la AFP el presidente de la encuestadora Datanálisis.
Venezuela, con las mayores reservas petroleras del mundo, soporta una inflación anual de 56,3% y un índice de escasez que en enero alcanzó a uno de cada cuatro productos básicos, mientras que la violencia criminal deja entre 39 y 79 homicidios anuales cada 100.000 habitantes, según se tomen estadísticas oficiales o de ONG.
Durante las protestas del miércoles estallaron incidentes entre estudiantes, fuerzas antimotines y grupos que se identificaban como oficialistas.
Además de balaceras aisladas y enfrentamientos a pedradas, grupos de manifestantes quemaron neumáticos, atacaron la sede del Ministerio Público en Caracas e incendiaron varios carros de los cuerpos policiales, tras lo cual fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad con bombas lacrimógenas.
La mayoría de la población venezolana no pudo ver los incidentes ya que una ley sancionada años atrás bajo el chavismo prohíbe a las televisoras la difusión de imágenes de violencia.
El canal colombiano de noticias NTN24, que emite desde Bogotá y otorgó gran cobertura a los incidentes, fue sacado de las parrillas de las dos redes de televisión por cable que lo distribuían en Venezuela.
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, un órgano gubernamental regulador de empresas audiovisuales, había amenazado con sanciones para aquellos medios que hagan «promoción de la violencia».
Interrogados por la AFP, el Ministerio de Información y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones dijeron que carecían de información sobre ese tema.
Durante la jornada, países aliados de Caracas, como Cuba, Argentina, Bolivia y Nicaragua, se solidarizaron con Maduro y rechazaron la violencia, mientras que la ONG Human Rights Watch pidió una investigación imparcial de los hechos.
AFP
