COMUNICADO.
La Asociación Civil Súmate lamenta profundamente la pérdida de la vida de tres venezolanos y las decenas de ciudadanos heridos y detenidos, luego de ejercer su derecho a la manifestación, consagrado en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
Por ello, rechazamos la violencia como también a quienes la ejercen, porque la misma atenta fundamentalmente contra el derecho a la vida (artículo 43 de la CRBV).
La violencia indistintamente de su origen siempre es condenable, más si es en contra de ciudadanos que manifiestan pacíficamente y la misma la promueve el Estado, por acción u omisión, siendo en este último caso negligente conteniéndola. Por ello rechazamos la presencia y uso de armas de fuego en las manifestaciones, por parte de organismos de seguridad del Estado y de algunos ciudadanos.
También repudiamos el discurso virulento y la descalificación constante por parte de quienes ejercen los poderes del Estado, en contra de la disidencia dentro de sus propias filas como de la oposición en general, a la cual se le debe garantizar el ejercicio de sus derechos en cualquier país democrático en el mundo.
Otra forma de violencia que venimos observando y que repudiamos es la aplicación del marco legal de la República de forma sesgada e interesada, utilizando para ello al Ministerio Público (Fiscalía General de la República) y al Poder Judicial (Tribunales), con el fin de calificar y sancionar como actos delictivos a quienes ejercen sus derechos constitucionales, entre ellos el de la manifestación pacífica, la huelga y la libertad de expresión, entre otros.
En este sentido nos sentimos obligados a señalar que el comunicado del Directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) del pasado martes 11 de este mes, que advierte en su numeral 3 a los medios de comunicación social audiovisuales y electrónicos que «…la cobertura mediática que están recibiendo los lamentables hechos de violencia generados en algunos lugares del país (…) pudiese ser considerada violatoria a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos que claramente prohíbe la difusión de contenidos que hagan apología del odio y la violencia, los llamados al desconocimiento de las autoridades y a alterar la paz pública.”; viola lo establecido en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República, que garantizan el pleno goce de la libertad de expresión y el derecho a estar informados oportuna, veraz e imparcialmente. Estas amenazas de aplicación de sanciones lograron que las televisoras y emisoras censuraran la información oportuna sobre el desarrollo de las protestas de los estudiantes universitarios en todo el país.
Este 12 de febrero de 2014 fue un día triste para la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información; sin embargo, celebramos al mismo tiempo que no haya impedido el esfuerzo de algunos compatriotas en la búsqueda de información oportuna y veraz, para lo cual se vieron obligados a acceder a canales de televisión y emisoras de radio internacionales, como a las redes sociales en internet.
Exhortamos al Ejecutivo Nacional, a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial a cesar la persecución e intimidación contra los medios de comunicación social, dirigentes políticos y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el movimiento estudiantil; como también a la Defensoría del Pueblo a actuar conforme a las funciones que le otorga el artículo 280 de la Constitución de “…promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos,, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos, de los ciudadanos..” Hasta la fecha no se ha pronunciado ni actuado.
Hacemos un llamado a todos los venezolanos para que no permitamos que la violencia se continúe propagando y que los excesos en el control de las manifestaciones por parte de funcionarios del Estado no nos amilanen y paralicen en el ejercicio y defensa de los derechos consagrados en la Constitución.
Por último, recordamos a los representantes de los Poderes Públicos que deben actuar según lo dispuesto en la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, tal como lo establece el artículo 7 de este texto: “es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.”
En Súmate seguiremos defendiendo los derechos políticos de los venezolanos y contribuyendo para que todo ciudadano asuma su responsabilidad en la construcción de la democracia.
