Venezuela conmemora este jueves los cientos de muertos del Caracazo, una insurrección popular ocurrida en 1989, hace un cuarto de siglo, bajo la conmoción de tres semanas de protestas estudiantiles que arrojaron un saldo de 14 muertos, en el mayor desafío que enfrentó el presidente Nicolás Maduro.
Al comienzo de una sucesión de seis feriados, incluyendo el Carnaval, las protestas -iniciadas por la inseguridad- parecían haber perdido gran parte de su impulso, aunque al amanecer de este jueves hubo reportes de cortes de calles en Valencia, tercera ciudad e importante polo industrial.
Maduro –que ha calificado el movimiento como un intento de golpe de Estado con complicidad de Estados Unidos– precisó que el miércoles seguían registrándose disturbios en 14 de los 335 municipios del país.
San Cristóbal, cuna de la protesta, Valencia y Maracay y los municipios del este de Caracas eran los principales focos.
Para este jueves los estudiantes opositores, en la génesis del actual movimiento de protesta, convocaron a una manifestación en Caracas bajo la consigna «ni un muerto más», informó Juan Requesens, líder estudiantil de la Universidad Central de Venezuela.
Como resultado de la actual ola de protestas varias ONGs denunciaron violaciones a los derechos humanos por parte de fuerzas antimotines.
El Foro Penal Venezolano, dio cuenta de 33 casos, mientras que la Fiscalía General dijo que se estaban investigando doce denuncias formales.
El miércoles, poco antes de que Maduro instalara un diálogo nacional de pacificación –boicoteado por el principal opositor– un juzgado ordenó la prisión preventiva de cinco agentes de los servicios de inteligencia, acusados por las dos primeras muertes de estas protestas.
Los asesinatos a balazos de un estudiante opositor y un manifestante oficialista el 12 de febrero al término de una marcha en Caracas fueron el primer hito en lo que se transformaría en desmanes y disturbios frecuentes en todo el país.
Diálogo con ausencias
El jefe de Estado instaló la noche del miércoles un diálogo nacional con empresarios, religiosos y jefes de gobiernos locales.
El encuentro estuvo marcado por la ausencia de Capriles –que lo había calificado a priori como «una comparsa»– y de la Mesa de Unidad Democrática, que definió la iniciativa como «simulacro» y «burla».
En Venezuela ha ocurrido «un conjunto de eventos violentos que han impactado a la sociedad (…). No podemos esperar que los eventos escalen (…) para en circunstancias de gran conmoción nacional llamarnos a hablar», dijo Maduro al abrir el encuentro.
Jorge Roig, presidente de la empresarial Fedecámaras, critica del chavismo y acusada de apoyar intentonas golpistas, fue una de las voces opositoras.
«Nuestro país no está bien presidente, nos estamos matando entre venezolanos y eso es grave. Usted tiene una responsabilidad; como jefe de Estado es el primer responsable de calmar los ánimos», advirtió Roig.
El analista político Luis Vicente León, criticó la ausencia de la oposición ya que era la oportunidad de un «espacio donde puedes protestar y también proponer pacíficamente».
Al encuentro también asistieron los obispos católicos, precedidos por un llamado del papa Francisco para «que todo el pueblo venezolano, comenzando por los responsables políticos e institucionales, se movilicen para favorecer la reconciliación nacional».
Maduro se refirió además a su voluntad de mejorar las relaciones con Estados Unidos, recordó que designó a un embajador en Washington y llamó a Estados Unidos a formar una comisión para iniciar los primeros contactos en vías de un acercamiento recíproco.
Caracas y Washington carecen de embajadores desde 2010, lo que no ha impedido que Estados Unidos siga siendo el principal cliente del petróleo venezolano y uno de los principales abastecedores de alimentos e insumos a un país con escasa producción local.
Origen de las protestas
Las manifestaciones comenzaron el 4 de febrero en la occidental San Cristóbal con una protesta estudiantil por la inseguridad luego de un intento de violación en un campus universitario.
En un país con una matrícula de 2,6 millones de universitarios, las manifestaciones fueron extendiéndose a otras ciudades, movilizando en su punto más caliente a varios miles de manifestantes por día y con la adhesión paulatina de los dirigentes opositores radicales.
Estos grupos, calificados por el gobierno como golpistas y liderados por el encarcelado Leopoldo López y la diputada María Machado, impulsan bajo el lema «La salida» la táctica de ocupar la calle para forzar a Maduro a dejar el poder.
A partir del 12 de febrero comenzaron a registrarse al término de las manifestaciones incidentes entre grupos enmascarados salidos de las marchas opositoras, unidades antimotines acusadas de represión desproporcionada y grupos armados no identificados que atacaban a los manifestantes.
