Los senadores demócratas Robert Menéndez y Bill Nelson, y el republicano Marco Rubio, presentaron este jueves un proyecto de ley para que EE. UU. imponga sanciones directas al Gobierno de Venezuela ante los episodios ininterrumpidos de violencia que vive el país desde hace un mes.
El texto, al que tuvo acceso la agencia de noticias Efe, va más allá de la propuesta que presentaron hace unos días Menéndez y Rubio, y que este miércoles aprobó el pleno del Senado, que condenaban los actos violentos e instaban al presidente Barack Obama a imponer sanciones.
En este caso, el proyecto legislativo requiere directamente al presidente que congele los activos de aquellas personas involucradas en la represión de las protestas en las calles de Caracas así como la revocación de sus visados, una lista de individuos propuesta por los senadores y que compartirán con la Casa Blanca.
Además, contempla una ayuda de 15 millones de dólares para la defensa de los derechos humanos en Venezuela, la protección de los medios independientes y el fortalecimiento de la sociedad civil en defensa de los valores democráticos.
AI pide a factores
respeto a DD HH
Amnistía Internacional (AI) pidió este jueves al Gobierno y a la oposición que se comprometan públicamente a respetar los derechos humanos en Venezuela y condenen la violencia a fin de detener las numerosas muertes ocurridas en medio protestas.
En un comunicado, AI argumenta que la única manera de controlar la situación tras al menos 28 muertes contabilizadas en las últimas semanas, es que el Gobierno y la oposición condenen en público los ataques a sus contrincantes políticos.
«En un contexto político tan polarizado, el baño de sangre continuará a menos que el Gobierno y sus partidarios, así como los distintos grupos de oposición, se comprometan a respetar totalmente los derechos humanos», declaró la subdirectora del programa de Amnistía para las Américas, Guadalupe Marengo.
«Concretamente, todos los partidos deben condenar rotundamente los actos de violencia contra sus opositores políticos», afirmó la portavoz, y añadió que «las autoridades deben hacer el máximo para prevenir estos ataques y asegurarse de que los responsables son llevados ante la justicia».
