Caracas, (Especial). El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, denunció que el lunes por la noche la Sala Constitucional, “recién pasado el Carnaval, se viste de juez penal y asume el poder de castigar delitos, ya no solo se limita a extender la medida para que los alcaldes cumplan con el deber de asegurar el tránsito vehicular y de personas hacia otros municipios, sino que también ejecuta futuras órdenes de prisión a los jueces penales; lo que representa una clara injerencia de los asuntos que no son de su competencia”.
“El estreno de la Sala Constitucional como juez penal lo hace en el caso del alcalde de San Diego, del estado Carabobo, de quien presume incumplimiento del mandamiento de amparo que le exigió garantizar el libre tránsito”, puntualizó Aveledo al referirse al caso de la citación al alcalde Enzo Scarano.
Para el coordinador de la Unidad, la Sala Constitucional comienza mal, retorciendo su propia jurisprudencia sobre un hecho notorio y comunicacional al afirmar que, “visto que, por la prensa se ha difundido información de la que pudiera denotarse el presunto incumplimiento del mandato constitucional librado en la sentencia N° 136 de 12 de marzo de 2014, lo cual esta Sala califica como un hecho notorio y comunicacional”. A lo que Aveledo subraya, “habíamos entendido que ese hecho comunicacional es el que esta relevado de prueba, por lo que en realidad la Sala Constitucional ya está dando por sentado que se incumplió el fallo. Es decir, la Sala Constitucional toma un hecho comunicacional y entiende incumplido su fallo, cita al alcalde a una audiencia, pero le advierte que si no comparece la consecuencia es admitir los hechos, y al final de esa misma audiencia o máximo 48 horas después dictará su sentencia”.
NP
