El presidente Nicolás Maduro está dispuesto a aceptar que un «testigo» facilite el diálogo nacional tras más de un mes de protestas contra su gobierno, informó este miércoles una comisión de cancilleres de la Unasur que visita Caracas para acompañar ese proceso.
«La Comisión reconoce la apertura y disposición del presidente de la República de acoger las recomendaciones realizadas, y especialmente celebra la voluntad de acordar un testigo de buena fe que facilite el diálogo entre todas las partes», indicó la comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en un comunicado emitido al término de una visita de dos días.
A pedido del gobierno venezolano, la comisión de cancilleres se reunió entre este martes y miércoles con diversos sectores de la sociedad venezolana para «acompañar» el diálogo macional iniciado a raíz de la ola de protestas que vive Venezuela desde el 4 de febrero, con un saldo de 34 muertos.
«Para dar continuidad a este proceso iniciado por Unasur, las reuniones de la Comisión tendrán continuidad en los próximos días, a través de un grupo de Cancilleres», añadió el comunicado.
La comisión de la Unasur se reunió con líderes de partidos aliados al gobierno, de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), organismos de justicia, representantes de distintos credos religiosos, organizaciones de derechos humanos y líderes estudiantiles.
«La Comisión ha registrado la disposición al diálogo de todos los sectores, los cuales manifestaron la necesidad de moderar el lenguaje, generando así un ambiente pacífico que favorezca las conversaciones entre el Gobierno y los distintos actores políticos, económicos y sociales del país», añadió el comunicado.
Desde que se desataron las protestas, Maduro ha convocado a distintos sectores a iniciar un diálogo nacional, pero la MUD y el movimiento estudiantil opositor -que lideran las manifestaciones- se niegan a asistir mientras haya detenidos.
Los visita de cancilleres de la Unasur a Caracas se produjo por petición del gobierno venezolano, que fue aprobada el 12 de marzo pasado en una reunión extraordinaria de ministros en Santiago.
La ola de protestas contra el gobierno por la inseguridad, la crisis económica y la represión en las manifestaciones dejan además cerca de 400 heridos y 60 denuncias de violaciones a los derechos humanos.
