El comité de DD HH analizó pasados 13 y 14 de marzo la aplicación por parte de Washington del pacto al que está sujeto
EE.UU. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció ayer que Estados Unidos no aplique el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos a los individuos bajo su custodia retenidos fuera de su territorio.
El comité analizó los pasados 13 y 14 de marzo la aplicación por parte de Washington del pacto al que está sujeto, y hoy hizo públicas sus conclusiones.
Ante esta realidad, los miembros del comité solicitan a Washington que interprete la convención «con buena fe» y «reconozca la extraterritorialidad del pacto».
En este punto el comité no hace referencia específica al centro de detención de Guantánamo ni a las bases militares de Afganistán, que albergan a detenidos cuyos derechos no están siendo respetados conforme al pacto, sino que estos dos casos se tratan en un apartado específico.
Y si bien el comité se alegra de que el presidente estadounidense, Barack Obama, se haya comprometido con el cierre de la base de Guantánamo, «lamenta que no se haya establecido una fecha para la clausura definitiva».
Asimismo, los miembros del comité solicitan que «se acelere» el proceso de transferencia de detenidos elegidos para ello, y que se juzgue o se libere a los reos cuyo caso aún no ha sido tratado, con el objetivo final de cerrar lo antes posible el centro.
Por otra parte, el comité está preocupado por el «limitado número» de investigaciones, acusaciones y condenas de miembros de las Fuerzas Armadas y otros agentes gubernamentales, incluyendo aquellos que trabajaban para compañías privadas contratadas y que presumiblemente cometieron asesinatos ilegales o usaron métodos de tortura durante operaciones internacionales.
Otro de los aspectos negativos destacados por el comité es la vigilancia llevada a cabo en todo el mundo por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en sus siglas en inglés).
El texto también hace referencia al uso de drones (aeronaves no pilotadas) al «lamentar» la falta de transparencia en relación al criterio para lanzar ataques y para justificarlos, y la no asunción de responsabilidades respecto a las muertes causadas por dichas agresiones.
Agencias