El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Abelardo Díaz, consignó una “Demanda de Protección de Intereses Colectivos y Difusos con Medida Cautelar de Amparo Constitucional” ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con la finalidad de conminar al gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora a brindar seguridad y protección a los ciudadanos sancristobalences y tachirenses ante la ola de ataques violentos que se han perpetrado en la región con el saldo de personas fallecidas, heridas y destrozos tanto de bienes públicos como privados.
En este sentido el parlamentario recordó que en los últimos días la comunidad tachirense, en especial la de San Cristóbal y algunos municipios metropolitanos y de frontera han sido atacadas por un grupo de personas que se desplazan en motocicletas, vinculados con el oficialismo y que en algunos casos actúan de manera conjunta con los cuerpos de seguridad del estado.
“Quienes en actitud violenta proceden a causar destrozos en viviendas y en los vehículos, ocasionando daños patrimoniales significativos y además poniendo en situación de riesgo la integridad física de las personas sin que el ejecutivo regional haga nada para evitarlo, convirtiéndose el gobernador Vielma Mora en cómplice por omisión de todos estos actos vandálicos”.
Aseguró el parlamentario que es obligación constitucional y legal del gobernador proteger al ciudadano en su integridad física y a sus bienes, tal como lo contempla el artículo 55 de la Constitución en concordancia con los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
“Pero en nuestra región lo que está ocurriendo es todo lo contrario y hemos visto en distintos sectores de San Cristóbal a ciudadanos violentos que se desplazan en motos, que en operaciones conjuntas con la GNB y PNB le ‘caen a piedra’ a las casas y vehículos de los ciudadanos y eso no puede seguir ocurriendo en nuestra ciudad”.
