Dieciséis centrales y organizaciones sindicales que agrupan a trabajadores de todos los sectores productivos emitieron un manifiesto respecto a la crisis económica, social y política que vive el país, advirtiendo que «urge un cambio de rumbo en beneficio del pueblo trabajador».
«En los últimos tiempos se evidencia un deplorable avance de la intolerancia, del militarismo, de la represión estatal y de las restricciones», señala el texto firmado por la CTV, Unete, CGT, Codesa, la Federación de Profesores Universitarios (Fapuv), la Asociación de Profesores de la UCV, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP), Fades, CNCA-ISP, Provea, la Alianza Sindical Independiente, Mobase, Ccura, la Internacional de Servicios Públicos, y el Comando Intergremial del Sector Transporte.
La clase obrera considera que «el país está en una encrucijada» en la cual «la institucionalidad prevista en la Constitución ha sido secuestrada por el gobierno, dejando a la sociedad y a los trabajadores en la más absoluta indefensión».
Las organizaciones agrupadas en la Unidad de Acción Sindical y Gremial aseguran que «el gobierno, más interesado en mantenerse en el poder que en buscarle solución a las exigencias y a los problemas nacionales, hace añicos las esperanzas de una vida mejor».
Manifiestan que el sector de los trabajadores padece en carne propia un modelo económico que «estimula la inflación, la especulación y la corrupción, y por consiguiente empobrece a la mayoría y enriquece a unos pocos, a viejas y nuevas oligarquías».
Asimismo, afirman que todas las medidas económicas tomadas por el Gobierno, como los ajustes económicos, el alza de los precios y las constantes devaluaciones, «son más cargas sobre los hombros del pueblo, de los trabajadores, de los que vivimos de un salario».
En el comunicado, los trabajadores advierten que «cada día se cierran o se debilitan áreas de inversión productiva: industrias básicas, automotriz y autopartes; cemento, agroindustria, manufactura textil, producción gráfica e impresa; industria química y laboratorios, entre otras».
Repudian que por parte del Gobierno haya un «uso clientelar y chantajista de los empleos en la administración pública», y que se promuevan contrataciones «al margen de la legalidad que ponen a los trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad a la hora de exigir sus derechos laborales».
Los dirigentes laborales también denuncian que «mediante el uso desvergonzado de la parcialización de los órganos de justicia» se ha apresado, enjuiciado y encarcelado a trabajadores y dirigentes sindicales, por impulsar acciones en defensa de conquistas y reivindicaciones laborales.
Finalmente, las organizaciones agrupadas en la Unidad de Acción Sindical y Gremial anunciaron que implementarán un plan conjunto con los siguientes objetivos:
1. Aumento general de sueldos y salarios y fijación del salario mínimo, tomado como referencia el costo de la canasta alimentaria, como lo prevé la Constitución.
2. Revisión anticipada de las cláusulas económicas de los convenios colectivos.
3. Se decrete la amnistía para todos los luchadores sociales que están encarcelados, detenidos por las protestas y se dejen sin efecto los juicios abiertos contra dirigentes sindicales y populares por ejercer el mencionado derecho.
4. Respeto a los derechos humanos y laborales.
5. Derogación de las normas anti sindicales del DLOTTT y de las leyes que criminalizan las protestas.
6. Exigimos al Gobierno Nacional que instale de forma inmediata la Mesa de Diálogo Tripartita en cumplimiento con lo aprobado por el Consejo de Administración de la OIT el 27 de marzo.
