«Dígale usted, General, a las autoridades regionales y nacionales con las que tenga contacto en las próximas horas, que nosotros reiteramos todas nuestras condiciones para proceder a cualquier tipo de conversación. Diga que exigimos la inmediata resolución de los casos de presidio político, de nuestro alcalde Daniel Ceballos, del alcalde Enzo Scarano, del dirigente Leopoldo López, de Iván Simonovis y el resto de presos y exiliados políticos. Pero además, lleve usted por favor el mensaje de que aspiramos a que de inmediato se desarme a los grupos vandálicos que aquí, como en Caracas y en otras ciudades del país, han actuado en compañía y amparo de efectivos de nuestra Fuerza Armada Nacional».
Estas fueron parte de las palabras que dirigió el diputado a la Asamblea Nacional, Miguel Ángel Rodríguez, al Jefe del Comando Regional número uno de la Guardia Nacional, General Franklin García, al finalizar la marcha opositora que este sábado recorrió el tramo entre el obelisco y la dependencia militar en la ciudad de San Cristóbal, exigiendo el cese de la represión y la inmediata restitución en su cargo del burgomaestre apresado y destituido a propósito de las protestas populares iniciadas en el mes de febrero.
La movilización tuvo al frente a la esposa del alcalde apresado, Patricia de Ceballos, los padres del líder electo el 8-D, el alcalde encargado -Sergio Vergara- concejales de San Cristóbal, dirigentes estudiantiles y legisladores de la Asamblea Nacional.
El General García, quien se presentó junto a otros altos oficiales a la cabeza de centenares de guardias nacionales que bloqueaban el acceso principal del Core 1, dialogó con los diputados Miguel Ángel Rodríguez y Abelardo Díaz, además del Concejal José Vicente García; e hizo especial referencia a la necesidad de que los «opositores atendieran a las invitaciones del gobierno a sentarse a conversar en las conferencias de paz».
Rodríguez también respondió al alto oficial de la Guardia Nacional, con el petitorio de hacer saber al gobierno que estudiantes y sociedad civil que protestan en uso de su legítimo derecho, aspiran a que de inmediato cese «la grave violación a la Constitución y la profunda ofensa a la dignidad de los venezolanos, en que se convierte la alineación de nuestros uniformados con una parcialidad política del país, al extremo de que los estén haciendo participar en mítines y marchas político partidistas».
