La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó hoy a Gobiernos, organismos intergubernamentales y medios de comunicación a que hagan seguimiento de la violencia en Venezuela y de la violación «sistemática y generalizada» de los derechos humanos que, a su juicio, comete el Ejecutivo de ese país.
Igualmente, expresó su solidaridad con las víctimas de la violencia y defendió que «la prensa y los periodistas independientes (de Venezuela) viven su momento más dramático, signado por un cuadro de violencia institucional y social sin precedentes».
En concreto, la SIP lamentó este miércoles en un comunicado el secuestro de la periodista Nairobi Pinto, jefa de corresponsalías de Globovisión, el pasado domingo frente al edificio donde reside.
Hasta el momento ni las autoridades policiales ni la familia han recibido noticias, según esta organización, que el lunes concluyó su reunión semestral en Barbados, en la que se analizó el estado de la libertad de prensa en el continente americano y se dedicó una gran atención al caso de Venezuela.
Según la SIP, que se remite a datos de organizaciones locales, desde el inicio de las protestas callejeras el pasado 12 de febrero, 111 periodistas fueron detenidos, amenazados, golpeados o heridos, y en algunos casos se decomisaron equipos y se destruyó material periodístico.
«Ante la difícil situación de peligro y violencia que enfrentan nuestros colegas venezolanos, no puede quedar inadvertida la desaparición de la periodista», dijo hoy el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo.
Tras urgir a las autoridades a «poner todo su empeño y voluntad en dar con el paradero seguro de Pinto», informó de la aprobación por parte de la SIP de una resolución en respuesta al informe sobre la situación de la libertad de prensa en Venezuela que se presentó durante la reciente reunión celebrada en Barbados.
En esa resolución, la SIP asegura que «reprimir como política de Estado las manifestaciones públicas y su cobertura por los medios de comunicación social independientes» supone una «pérdida de las libertades democráticas y sus garantías fundamentales».
Afirma que incluso durante «los días previos al 12 de febrero de 2014 y hasta el presente» han ocurrido en ese país «violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, siendo criminalizadas las protestas ciudadanas por legítimos reclamos».
Igualmente denuncia «la negativa o el retraso gubernamental» a suministrar a la prensa escrita independiente las divisas necesarias para importar papel de periódico ha llevado a distintos diarios a tener que «suspender la circulación o reducir sus espacios de información bajo el riesgo cierto e inmediato de cerrar sus actividades».
La SIP acusa en su resolución al Gobierno venezolano de «ejercer presiones indebidas, amenazas y mecanismos de censura, directos e indirectos, sobre los medios de comunicación independientes» y afirma que hay periodistas que han tendido que renunciar a sus empleos «como mecanismo de protesta ante la imposibilidad de ejercer su profesión por la censura».
En ese sentido, «condena la violación generalizada y sistemática de derechos humanos por parte del Gobierno venezolano con la complicidad u omisión de los demás poderes públicos» y saluda las iniciativas internacionales «para la interposición de buenos oficios o mediación, por parte de personalidades o instituciones imparciales y capaces de actuar de buena fe, como la Iglesia Católica».
Igualmente, exhorta a gobiernos e instituciones de la región a «no ser indiferentes» ante esta situación e invita a los medios que integran esta organización de defensa de la libertad de prensa en América a que informen de manera oportuna sobre los sucesos que están ocurriendo en Venezuela. EFE
