**** Es importante asimilar que la formación militar se separa de la policial, y esto se evidencia en la respuesta de sus efectivos. Hemos sido testigos del uso de armamentos de altos calibres, y hasta el empleo de tanquetas en procedimientos de dispersión de manifestaciones
Sergio Penott Contreras
DEL ESTADO Y LA VIOLENCIA POLÍTICA
Para 1651, Thomas Hobbes expuso que la paz solo era posible con la fundación del Estado. Una construcción artificial producto del consenso de todos los individuos, capaz de garantizar el orden social. Lejos del Estado solo podría esperarse un permanente enfrentamiento. El hombre –según Hobbes- es un lobo para el hombre. Los seres humanos, desconfiados y egoístas por naturaleza, de saberse con derecho sobre todo a su alrededor y por ende con libertad de tomar cuanto quieran, desencadenarían una guerra violenta. Allí entonces nace el Estado, erigiéndose como la fuerza que organiza, controla y somete todo a su obediencia.
La tradición política ha dedicado un amplio desarrollo al concepto de Estado, dando cuenta de un disenso en la mayoría de los teóricos. Sin embargo, hoy entendemos en esencia lo que el Estado significa en nuestras vidas. Está en todas partes y su existencia se encuentra tan adherida a nuestra conciencia, que si bien no advertimos su presencia –como el aire que respiramos- sin duda alguna notaríamos de inmediato su ausencia.
En síntesis, el Estado supone poder, autoridad y control. Pero estos elementos no son ejercidos libremente por una sola persona, sino por un entramado complejo de instituciones que detentan el poder. Así, el Poder Legislativo hace las leyes; el Poder Judicial las aplica; y, el Poder Ejecutivo ejerce los mecanismos coercitivos para garantizar su cumplimiento. Al Estado corresponde el monopolio de la fuerza. Su uso exclusivo se encuentra reservado a la defensa y aseguramiento del orden interno. Por tanto la única violencia admisible es aquella que este ejerce en contra todo aquello que pretende romper con su estructura. Claro está, una violencia encauzada por un marco de legalidad. El uso de la fuerza estatal es legítimo en tanto existe un marco jurídico que le respalda, y que se encuentra conectado a todo el Derecho. De lo contrario el ejercicio irracional y desproporcionado de la violencia estatal desencadenaría la inconformidad de los ciudadanos. Cuando el Estado transgrede los límites de su fuerza pone en tela de juicio su legitimidad, pudiendo conducir al desafío de la ciudadanía.
USO DE LA FUERZA, REPRESIÓN
CIVIL Y MILITARIZACIÓN
En las últimas semanas, la actuación desplegada por los cuerpos de seguridad del estado dirigida a contener las protestas en el territorio nacional, ha sido objeto de censuras por parte de entes políticos y de la sociedad civil. Se ha denunciado el proceder abusivo y desproporcionado de los funcionarios del orden público al momento del cumplimiento de su deber. Ante dicho panorama se hace necesario precisar dos aspectos. El primero de ellos vinculado al uso adecuado de la fuerza: la oportunidad en que ésta debe utilizarse y la cantidad que debe emplearse. El segundo, referente a los cuerpos de seguridad que están llamados a ejercerla.
El recurso de la fuerza aparece cuando los cuerpos de seguridad deben cumplir con sus objetivos legítimos -o deben hacer cumplir algún propósito de otro organismo público. La alternativa de coacción está siempre presente y, puede emerger de una variedad de situaciones que constituyan la contravención de leyes y mandatos judiciales. Cuando las manifestaciones públicas se tornan violentas, o transgreden ciertos límites constituyéndose como acciones delictivas, es obligación de los cuerpos de seguridad acudir a resguardar el orden público. Tanto la forma de proceder como la fuerza aplicable por los funcionarios, será proporcional a la respuesta y grado de cooperación de la población civil. En la actualidad existen normativas internacionales que describen los estándares mínimos de acción policial. Estas regulaciones aunque no tiene carácter obligatorio fungen como principios orientativos. Por mencionar solo algunos, tenemos el Código de Conducta Para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego.
En Venezuela, desde hace unos años, se ha venido implementando un nuevo modelo policial. El proyecto que ha impulsado la profesionalización de los funcionarios de seguridad ciudadana, ha dado lugar a diversos instrumentos normativos que reglan el uso de la fuerza. Entre ellos se cuenta con el Manual de Normas y Procedimientos Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial (2008). En su contenido se estipulan los niveles de fuerza a utilizar por los funcionarios, los cuales deberán atender a la actitud asumida por las personas durante la acción policial. En la misma línea, fueron publicadas las Normas Sobre La Actuación De Los Cuerpos De Policía En Sus Diversos Ámbitos Político Territoriales Para Garantizar el Orden Público, la Paz Social y la convivencia ciudadana en reuniones y manifestaciones públicas (2011).
Formación militar se
separa de la policial
Pese al reforzamiento de la policía, advertimos con preocupación el despliegue preferencial de la Guardia Nacional en la represión de las manifestaciones públicas. Una medida que infringe la constitución, cuyo contenido reserva a las policías el control del orden público, y a la fuerza armada la planificación, ejecución y control de las operaciones militares para asegurar la defensa de la nación. Es importante asimilar que la formación militar se separa de la policial, y esto se evidencia en la respuesta de sus efectivos. Hemos sido testigos del uso de armamentos de altos calibres, y hasta el empleo de tanquetas en procedimientos de dispersión de manifestaciones. Nada más peligroso cuando se trata de contener a la población civil. La proporcionalidad es una característica inmanente al uso de la fuerza. Por tanto, la preferencia de un cuerpo de seguridad sobre otro no es un asunto baladí. Nos permite distinguir cuando la fuerza legítima se ha convertido en violencia deliberada.
Cuando se han hecho difusos los límites del Derecho, y se entiende aquella premisa de Stirner (filósofo alemán) que reza: “El Estado llama ley a su propia violencia, y crimen a la del individuo”
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