La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, rechazó el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Venezuela, por considerar que este documento presenta una posición sesgada, puesto que no refleja la realidad respecto a nuestro país.
Así lo manifestó durante la presentación de la ponencia “Defensa Integral en Latinoamérica y el Caribe para la Autodeterminación de los Pueblos. Algunos Casos de Injerencias Imperialistas en el Mundo y en nuestra Región”, presentada en el auditorio de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada en ocasión de su XV aniversario.
Ortega Díaz dijo que, a raíz de los hechos de violencia ocurridos en el país a partir del 12 de febrero de este año, Venezuela ha sido blanco de ataques internacionales por la supuesta violación a los derechos humanos.
Mencionó el caso de una persona que presuntamente fue torturada con electricidad, cuya denuncia no fue formulada directamente por la víctima. Destacó que hasta la fecha ha sido imposible practicarle el reconocimiento médico legal a la víctima, puesto que ésta se ha negado.
Durante su intervención, se refirió a la relación de dependencia que presentan los organismos internacionales de derechos humanos con Estados Unidos, ese es el caso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Comisión Internacional y, la Corte Penal Internacional (CPI), esta última que nace del Estatuto de Roma y del cual esa nación no forma parte.
En tal sentido, precisó que esta subordinación constituye una violación a los principios de independencia e imparcialidad que deben privar en el ejercicio de las funciones de todo órgano jurisdiccional nacional o internacional.
Ortega Díaz destacó que la CPI, por ser la institución permanente que juzga los crímenes más graves de trascendencia internacional, debe ejercer sus funciones bajo parámetros de igualdad, con independencia y autonomía de otros organismos.
Refirió que en virtud de la falta de credibilidad e imparcialidad de la CIDH, el Estado venezolano decidió retirarse de esta instancia, por considerar además que se evidenciaba la injerencia norteamericana.
Dijo que en el caso de Venezuela durante los gobiernos de 1958 a 1998, fueron desaparecidas más de 3.500 personas y la citada Comisión sólo admitió cinco casos por violación a los derechos humanos a pesar de las abundantes denuncias sobre torturas, desapariciones y persecuciones.
Mencionó el caso El Caracazo, ocurrido en 1989, cuyas víctimas acudieron a la CIDH porque el Estado venezolano nunca investigó, no hubo respuesta; sin embargo, en 1999 cuando el presidente Chávez asume el gobierno, la Comisión acudió de inmediato a la Corte y se sancionó al país por violación de los DDHH y se indemnizaron las víctimas.
