Representantes del Bloque Parlamentario de la Unidad introdujeron Recurso Controversia Constitucional contra sentencia Nro. 276 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que no sólo limita el derecho a la protesta, “ahora la criminaliza, al convertir las manifestaciones de cualquier venezolano en delitos penales”.
Así lo informó el vocero y parlamentario Stalin González, quien estuvo acompañado por sus homólogos Vestalia San Pedro, Enrique Márquez, Biaggio Piliari, Leomagno Flores, José Manuel González, Carlos Ramos, Ángel Medina y Oscar Ronderos.
El diputado afirma que el Recurso de Controversia Constitucional interpuesto hoy por la Unidad ante el TSJ “busca la rectificación de un organismo que usurpa las funciones de otro ente al legislar sobre una materia que no es su competencia”.
En este sentido, González aclaró que el máximo órgano judicial hizo “una interpretación inequívoca de la Ley de Partidos Políticos y de la Constitución; al establecer autorización para protestar, modificando el artículo 43 de la ley que solo habla de notificación a las Alcaldías», contraviniendo claramente la legislación y usurpando funciones de los Diputados para crear leyes. Además, añadió, “la interpretación se hizo sobre la Ley de Partidos Políticos, por lo que en todo caso debió haber sido la Sala Político-Administrativa y no la Constitucional quien efectuara esta sentencia”.
El parlamentario explicó que la sentencia inconstitucional emitida por el órgano judicial limita no solo el derecho a la protesta política, sino también la de tipo social; privando a los ciudadanos de su derecho legítimo a la protesta y reclamando mejores condiciones de vida, recalcando el parlamentario que este es el tema por lo que actualmente los venezolanos están en las calles.
González reitera que la sentencia regula todo tipo de manifestaciones; “tratando el TSJ de mantener el controlar la situación que vive hoy el país; Los Poderes Públicos no pueden crear leyes y políticas públicas sujeta a intereses, sino para el ámbito y bienestar general de la población”.
Finalizó exigiendo que con este Recurso “se reinstaure el Estado de Derecho, que haya una sentencia autónoma e imparcial y que se respete los artículos 53 y 68 de la Constitución, que habla claramente que no es necesario solicitar autorización para reuniones públicas ni privadas; por lo que esperamos que el TSJ rectifique y se ocupe de sus verdaderas funciones”.
