La intervención de comunicaciones privadas como parte de la investigación penal sobre los presuntos planes de magnicidio y golpe de Estado, fue autorizada por tribunales de la República a solicitud del Ministerio Público, desde el pasado mes de marzo.
La Fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que tras denuncias recibidas el pasado 18 de marzo se comisionó al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) para algunas diligencias vinculadas con la investigación y, conforme a los establecido por el Código Orgánico Procesal Penal, se solicitó la autorización para interceptar llamadas telefónicas y correos electrónicos.
«Se le solicitó al juez de control, de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal, la interceptación o grabación de comunicaciones privadas, eso fue debidamente autorizado por un juez de control, es más solicitamos una prórroga para continuar con estas interceptaciones de comunicaciones y correos”.
El miércoles 28 de mayo el Alto Mando Político de la Revolución presentó pruebas de un presunto plan que atenta contra la vida del presidente de la República, Nicolás Maduro.
AVN
