Propietarios e inquilinos de los principales centros comerciales del país han manifiestado su preocupación ante la reciente publicación de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, ya que aseguran que dos de los tres mecanismos aprobados son inaplicables hasta tanto la Superintendencia de Precios Justos (Sundde) fije el método para determinar el valor de los inmuebles.
Luis Alberto Moreno, inquilino de un conocido centro comercial de la Isla de Margarita manifestó que “los comerciantes del Estado Nueva Esparta estamos muy preocupados, ya que no hemos podido reponer totalmente nuestros inventarios, las ventas han disminuido en más de un 38% durante el primer semestre de 2014 y hay dudas sobre la firma de nuevos contratos de arrendamiento, ya que la Ley señala que la (SUNDDE) debe establecer el método para fijar el valor de los inmuebles, necesario para ser aplicado a las fórmulas aprobadas en la nueva Ley».
Agregó que «es importante destacar que luego de la aprobación de la Ley Orgánica de Precios Justos, los comerciantes no podemos exceder del 12,5% en gastos administrativos de nuestras Estructuras de Costos, donde estaría incluido el gasto por alquiler, de acuerdo a la Providencia 003/14, aprobada el pasado 7 de febrero de 2014, por la Superintendencia de Precios Justos (SUNDDE)”.
Por su parte Ernesto López, propietario y arrendador de seis locales comerciales, señaló que tanto inquilinos como propietarios se encuentran en un limbo, ya que la nueva Ley de Arrendamiento Comercial solo puede ser aplicada entre quienes celebren contratos a través del Canon de Arrendamiento Variable (CAV) con base en el porcentaje de ventas; y reiteró su preocupación ya que el Canon de Arrendamiento Fijo (CAF) y el Canon de Arrendamiento Mixto (CAM) no pueden ser aplicados hasta tanto la Superintendencia de Precios Justos (SUNDDE) determine cuál será el método para establecer el Valor de los Inmuebles (VI) al costo de reposición.
López reconoció que la nueva regulación podría lograr el equilibrio entre propietarios, inquilinos, consumidores y usuarios, sin embargo, considera que deben mantenerse canales de diálogo entre el sector público y privado para poder generar mayor confianza en la inversión privada y reactivar la economía.
