No es fácil de justificar la decisión de detener y enjuiciar a Leopoldo López, por los hechos ocurridos en la marcha del 12 de febrero de este año, cuando está suficientemente claro que el asesinato del dirigente de la oposición el joven Bassil Da Costa y del militante chavista Juan Montoya fue perpetrado por el mismo agente del Sebín
Los miembros del “Alto Mando Político de la Revolución” han diseñado, en estos últimos meses, una amplia estrategia que busca evitar que el creciente malestar social, producto de la inseguridad, la escasez y la inflación, pueda tener un efecto político que llegue a comprometer la estabilidad del régimen chavista. El diseño ha tenido un objetivo central: distraer a la opinión pública con el fin de evitar el surgimiento de un natural debate en medio de la crisis. Esa fue la razón por la cual se creó injustificadamente el problema estudiantil; se invitó a la oposición a dialogar con el gobierno, conociendo de antemano que no terminaría en ningún acuerdo; se creó el cuento del magnicidio y se cerró el programa de Luis Chataing. Al mismo tiempo, se planteó la tesis de destruir los posibles liderazgos emergentes, convencidos como estaban, que eran capaces de capitalizar la creciente crisis social.
Esa es la única explicación que le he encontrado a la arbitraria y permanente decisión de utilizar a la Fiscalía General de la Nación y al Poder Judicial con el fin de limitar el posible fortalecimiento de cualquier nuevo liderazgo que pudiese surgir en la oposición política al régimen chavista. No es fácil de justificar la decisión de detener y enjuiciar a Leopoldo López, por los hechos ocurridos en la marcha del 12 de febrero de este año, cuando está suficientemente claro que el asesinato del dirigente de la oposición el joven Bassil Da Costa y del militante chavista Juan Montoya fue perpetrado por el mismo agente del Sebín José Perdomo Camacho, demostrando claramente una posible maniobra del gobierno de Maduro. Tampoco se puede justificar que se haya ordenado la detención, enjuiciamiento y destitución de los alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano por no haber reprimido las manifestaciones estudiantiles.
Ahora, el objetivo político es destruir el liderazgo de María Corina Machado. Sin escrúpulo alguno se inició un minucioso trabajo de opinión que buscaba convencer a la opinión pública de la existencia de una conspiración que tenía por objetivo asesinar a Nicolás Maduro. Ese esfuerzo no ha tenido éxito. Los venezolanos estamos más que cansados del cuento de un posible Magnicidio. Fue utilizado por Hugo Chávez en demasiadas oportunidades. El problema se inició el 28 de mayo. El “Alto Mando Político de la Revolución”, a través de la vocería del alcalde Jorge Rodríguez, se atrevió a acusar a María Corina Machado “de estar involucrada en un golpe de Estado y magnicidio”. Una acusación de esa gravedad no puede dejarse a un lado. Prudentemente, el 29 de mayo la diputada Machado presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República contra el Alto Mando Político de la Revolución.
Curiosamente, la Fiscal General de la República en lugar de avocarse a estudiar la denuncia presentada por la diputada Machado afirmó, en rueda de prensa, la existencia de una presunta investigación en su contra, iniciada el 19 de marzo, en base a la cual se había ordenado a los órganos de seguridad e inteligencia a interceptar sus comunicaciones. Esta acción es de suma gravedad al conducirse una investigación sin su previo conocimiento y más en el caso de la diputada Machado que, para ese momento, tenía inmunidad parlamentaria. Las amenazas tomaron una mayor gravedad al ser acusada por el propio Nicolás Maduro, en su programa, de asesina y magnicida, exhortando al Poder Judicial a tomar acciones en su contra. Al día siguiente, Diosdado Cabello se atrevió a expresar que la diputada Machado “pagaría por sus acciones de ser asesinado Nicolás Maduro”.
Es público que la diputada Machado, como consecuencia de estos ataques, ha estado recibiendo numerosas amenazas de muerte, al haber sido divulgado sus teléfonos personales a través de medios oficiales. No satisfechos con esta violación de sus derechos humanos, la diputada Machado fue citada esté próximo lunes como testigo por la Fiscalía Vigésima a Nivel Nacional con Competencia Penal en la investigación que se conduce por el presunto Magnicidio. Para colmo, Diosdado Cabello concluyó, en uno de sus programas, que una testigo podía ser detenida en dicho acto. Es importante recordar que la diputada Machado siempre ha mantenido en sus intervenciones que: “ni magnicidio ni golpe de Estado. Nuestra lucha es por la transición de la democracia, lo antes posible, en el marco de la Constitución”. En definitiva, destruir el liderazgo emergente es uno de los objetivos del régimen chavista.
Fernando Ochoa Antich
