Según Marielena Navarro, directora de la Red de Propietario de Viviendas en Alquiler, “o reforman la ley o esto va a parar en la anarquía total”
Carolina La Rosa vive en una pieza junto con su pequeño de 7 años, recién cumplidos. En medio de la necesidad de los últimos tiempos, la madrina de su hijo ha podido cuidarlo, pero antes han tenido que ir de techo en techo, buscando dónde pasar la noche, preocupada de qué le deparará el mañana y si les caerá la noche sin un lugar dónde guarecerse.
Lo de Carolina en nada está muy alejado de la realidad que viven diariamente las personas en situación de calle que pueblan Caracas, de no ser por un pequeño detalle: ella tiene su casa, solo que, desde hace tres años, no se la quieren regresar.
“Esta es una cosa que no tiene nombre: nadie nos protege, a nadie les importa nuestros hijos, yo toda la vida había escuchado que si vas a la Lopna (Ley Orgánica para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes) te lo resuelven todo: mentira, a nadie les importa que estemos en la calle, que mi hijo este en la calle, no les importa, no les importa”, sentenció La Rosa.
Asimismo aseguró que le han notificado que, mientras siga en la situación den desamparo en que se encuentra, su hijo puede ser llevado a una casa refugio. “Y si hacen eso prefiero que me maten de una vez, eso antes de que me quiten a mi hijo”, dijo.
“Ninguna institución se ha abocado a ayudarme”, agregó La Rosa, su voz se entrecorta, se retira por un momento, notoriamente afectada por lo que pasa, se seca un par de lágrimas.
El proceso para que le devuelvan su casa en Altos de Villanueva, municipio El Hatillo, está en curso desde hace dos años. Y como el de Carolina hay muchos más, según cifras de la Red de Propietario de Viviendas en Alquiler.
“Este tipo de problemas, que a la larga nos llevarán a la anarquía, ocurren porque en la Ley de Arrendamientos protege única y exclusivamente a los inquilinos”, aseguró su directora, Marielena Navarro.
“Burlada”
Carolina ni siquiera conoce a la persona que se ha adueñado de su casa por los últimos 8 años, pues fue su madre la que firmó el contrato con el hombre, hijo del presidente de una prestigiosa empresas, con cuentas en dólares y cinco vehículos a su nombre, todas propiedades notariadas y presentadas ante la Fiscalía como evidencia.
“Desde hace dos años que el señor, que no le conozco ni la cara, que no paga el arrendamiento”, dijo La Rosa. La ley establece que son requeridos cuatro meses de no pago del canon de arrendamiento para ser causa de desalojo.
El alquiler que cobraba Carolina, cuando se lo pagaban, era de 3 mil bolívares, “con esos reales no me he podido ir ni un fin de semana de Río Chico: ha sido abogado tras abogado, robo tras robo”, y enumeró una serie de procedimientos legales y administrativos que ha iniciado para tratar de recuperar su apartamento.
“Han sido tantos así, que un abogado me ha dicho que si le daba 300 millones me devolvía mi casa”, prosiguió Carolina, “me siento absolutamente burlada: por los abogados por el Estado, por el Gobierno, por las instituciones”.
Por su parte, Navarro, aseguró que “si hay justicia en Venezuela el inquilino tiene todas las de perder: no solo no tiene una justificación para no pagar el canon de arrendamiento, siendo pudiente, sino que le ha hecho reformas al inmueble sin el consentimiento de su dueña”.
Hacia la anarquía
La Red lleva al menos otros 80 casos de fricciones entre propietarios e inquilinos, la mayoría en sectores populares. “O reforman la ley o esto va a parar en la anarquía total, los propietarios no dan más”, dijo Navarro, “en un 99% la ley les vulnera sus derechos”.
Asimismo le hizo un llamado un a los entes del Estado que se aboquen a resolver el problema de las viviendas en alquiler: “no puede ser posible que para resolver el déficit habitacional le tengan que quitar su casa a otra persona que se la sudó y se la trabajó”.
Mientras tanto, Carolina tiene que velar por su hijo, quien pregunta cada día y hace dibujos de una casa que todavía no conoce.
Inconstitucional
“A nadie se le puede exigir que vendan sus casas”, aseguró Mariaelena Navarro, directora de la Red de Propietario de Viviendas en Alquiler, quien agregó que tal exigencia de ley viola la constitución. Asimismo agregó que con el marco jurídico actual se ha reducido el incentivo al arrendamiento. “Con esta ley en vez de hacerles un favor, han perjudicado a los inquilinos, ahora ya no consiguen donde alquilar”
Luís Guillermo Valera
