La organización Human Rights Watch pidió hoy a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) «exhortar al Gobierno venezolano a abordar inmediatamente la grave situación de los derechos humanos en el país», en una carta enviada a varios cancilleres de naciones de América Latina.
La carta es el corolario a un informe realizado por la organización sobre la situación en el país suramericano desde el inicio de las manifestaciones el 12 de febrero, titulado «Castigados por protestar: Violaciones de derechos humanos en las calles, centros de detención y el sistema de justicia de Venezuela».
«Mientras que diversos organismos internacionales, entre ellos relatores de derechos humanos de las Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, han expresado su preocupación ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela, Unasur todavía no ha condenado los gravísimos abusos cometidos por agentes estatales venezolanos», expresó en la carta el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
La misiva fue enviada a los ministros de Relaciones Exteriores Héctor Timerman, de Argentina; Luiz Alberto Figueiredo Machado, de Brasil; Heraldo Muñoz, de Chile; María Ángela Holguín, de Colombia; Ricardo Patiño, de Ecuador; Gonzalo Gutiérrez Reinel, de Perú, y Luis Almagro, de Uruguay.
En ella se apela a Unasur para que, «ante la inexistencia de un poder judicial independiente en Venezuela que pueda frenar los abusos del gobierno (…) exhorte a la Administración de (el presidente Nicolás) Maduro a que proteja los derechos de los manifestantes», apelando al Tratado Constitutivo de Unasur de 2008.
Dicho tratado dispone que «tanto la integración como la unión suramericanas se fundan en los principios rectores de democracia; participación ciudadana y pluralismo; (y) derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes», recuerdan desde la organización de defensa de los derechos humanos.
En su informe, Human Rights Watch recalca los abusos ocurridos durante las manifestaciones de Venezuela y documenta cómo la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y fuerzas policiales de los estados de haber «aplicado rutinariamente la fuerza ilegítima contra manifestantes que no estaban armados e incluso contra transeúntes».
«Violentas golpizas, disparar armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud» son, según la organización, algunas de las agresiones aplicadas por las fuerzas de seguridad venezolanas.
El informe también denuncia que «en muchos casos, los detenidos permanecieron incomunicados en bases militares durante 48 horas o períodos mayores antes de ser llevados ante un juez» y que en ese lapso sufrieron un tratamiento que «claramente constituyó tortura».
«Venezuela ha respondido a las protestas recurriendo a un uso excesivo de la fuerza, y funcionarios judiciales han sido cómplices en abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. El diálogo se encuentra hoy estancado, y la intervención de Unasur no ha redundado en resultados concretos para mejorar la situación de los derechos humanos en el país», aseguran desde Human Right Watch.
Además, añaden que los abusos han ido más allá de los ciudadanos para afectar a «periodistas y otras personas que fotografiaron y filmaron la represión», concluye el informe.
El documento señala que el presidente Maduro y la Fiscal General venezolana, Luisa Ortega Díaz, han reconocido que miembros de las fuerzas de seguridad han cometido violaciones de derechos humanos, y se han comprometido públicamente a investigar estos casos, pero Human Right Watch considera que «existen motivos para dudar de la credibilidad de estas investigaciones». EFE
