Este jueves, la Concejal Metropolitano y miembro de Primero Justicia, Alicia Figueroa, acudió a la Defensoría del Pueblo a solicitarle a Gabriela Ramírez que sirva de mediadora para instalar mesas de trabajo para que la Ley Desarme sea incluida dentro de los planes de Seguridad Ciudadana de la Misión A Toda Vida Venezuela y Patria Segura en todo el país.
Figueroa reveló que ya van más de cincuenta mujeres asesinadas producto de la violencia y que de continuar así, al cerrar el año se tendría el doble de la cifra, por lo que hizo un llamado a la titular del Defensora del Pueblo y la Defensora del Área Metropolitana de Caracas a tomar cartas en el asunto en conjunto para prevenir lamentables desenlaces.
“No sólo es el triste fallecimiento lo que ocurre, sino las implicaciones que trae, por ejemplo: la destrucción del núcleo familiar, dejar huérfanos a los niños, y por consecuencia que esos niños huérfanos caigan en agrupaciones delictivas”, aseveró.
Asimismo, la edil por la tolda aurinegra, recordó que el año pasado fue aprobada la Ley para el Desarme y Control de Municiones así como este año se promulgó el reglamento de la normativa, y sin embargo “se encuentra como letra muerta porque no está siendo aplicada en ninguno de los planes de acción de los programas de seguridad del estado y por consiguiente no logra desarmar a la población. Antes la excusa era que porque la ley no estaba reglamentada, ahora que lo está ¿Por qué no lo han hecho? En los sectores populares, los grupos irregulares tienen armamento de guerra y azotan a la población indefensa”.
Agregó que recientemente fue testigo de un tiroteo generado a una cuadra de su casa que imposibilitó su salida de la residencia y que es un ejemplo claro de lo que ocurre en todos los sectores del país, y en las recién decretadas Zonas de Pacificación. Además, solicitó que fueran involucrados los ediles municipales y concejales metropolitanos de la Gran Caracas en las mesas de trabajo.
Por último, la concejal metropolitana por Primero Justicia Alicia Figueroa, exhortó a la Defensora del Pueblo a dar respuesta con celeridad para dar certidumbre de vida a los venezolanos.
