La organización Human Rights Watch pidió hoy al Comité de Derechos Humanos de la ONU que tenga en cuenta en su próximo análisis los abusos, la falta de independencia judicial y la censura encubierta que existe en Venezuela.
La organización de defensa de los derechos humanos presentó un documento en el que recoge los aspectos «más preocupantes» respecto al cumplimiento por parte de Venezuela del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de la ONU.
HRW alerta del «uso excesivo» de la fuerza de los cuerpos de seguridad venezolanos contra los manifestantes en las protestas surgidas el 12 de febrero de 2014 contra el Gobierno que sufrieron «violentas golpizas«.
Las fuerzas de seguridad «dispararon armas de fuego, perdigones y gases lacrimógenos de manera indiscriminada contra la multitud, y en algunos casos dispararon perdigones deliberadamente y a quemarropa contra personas que no estaban armadas», indica.
Además, «permitieron que pandillas armadas partidarias del Gobierno atacaran a civiles que no estaban armados y en algunos casos colaboraron abiertamente con las pandillas».
La ONG denuncia los «abusos» contra fotógrafos profesionales y ciudadanos para «impedir que estas personas documentaran las tácticas aplicadas por miembros de las fuerzas de seguridad».
En cuanto a los detenidos, en «muchos casos» permanecieron incomunicados en bases militares durante 48 horas o más antes de ser llevados ante un juez y sufrieron «severas golpizas, descargas eléctricas o quemaduras«, también fueron «obligados a mantenerse en cuclillas o arrodillados, sin moverse, durante varias horas».
«En algunos casos, los maltratos claramente constituyeron tortura«, afirma HRW, que señala que el hecho de que se hayan cometido «reiteradamente» por miembros de distintas fuerzas de seguridad en tres estados y la capital «avala la conclusión de que los abusos formaron parte de una práctica sistemática».
Otro de las aspectos que denuncia para que tenga el cuenta el comité de la ONU es la «ausencia de independencia judicial y garantías de debido proceso» ya que según la organización, que entrevistó a decenas de víctimas, indicaron que se les negó el acceso a abogados hasta minutos antes de las audiencias judiciales.
En materia jurídica, señala que desde 2004 el poder judicial dejó de ser un «independiente» y miembros del Tribunal Supremo han manifestado públicamente «su compromiso con promover la agenda política del gobierno».
La ONG recuerda que el proceso penal contra la jueza venezolana María Lourdes Afiuni en 2009 -que fue encarcelada por haber puesto en libertad de forma supuestamente irregular a un empresario crítico con el Gobierno- «ha repercutido en la independencia de los jueces de tribunales inferiores».
Además, denuncia la «discriminación política» que sufren los funcionarios que no comulgan con las ideas del Gobierno.
Asimismo acusa al Gobierno venezolano de haber atribuido «insistentemente» los sucesos violentos durante las manifestaciones a sus opositores políticos «sin aportar pruebas creíbles».
En este sentido, señala que acusó al opositor Leopoldo López de ser el «autor intelectual» de las muertes relacionadas con protestas y «actuó rápidamente para conseguir su arresto» por varios delitos, incluido homicidio, que posteriormente retiró «cuando trascendieron grabaciones de vídeo donde se mostraba a miembros de las fuerzas de seguridad disparando contra manifestantes no armados«.
En cuanto a la libertad de expresión, denuncia la «forma abusiva» en la que ha utilizado su potestad de regular los medios de comunicación lo que ha llevado a una «autocensura generalizada«.
HRW denuncia que el Gobierno ha intentado además «marginar» a los defensores de los derechos humanos del país acusándolos «reiteradamente» de atentar contra la democracia venezolana con la colaboración del Gobierno de Estados Unidos. EFE
