El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Miguel Ángel Rodríguez denuncia que con medidas críticas e inconstitucionales como el cierre del derecho al libre tránsito y a la histórica convivencia de las familias fronterizas, el gobierno quiere lavarse las manos y evadir su culpabilidad en el auspicio y amparo del gran contrabando, de combustible, de alimentos de primera necesidad y de otros recursos tan importantes como, por ejemplo, materiales de construcción.
«Es necesaria la lucha contra el contrabando, pero inaceptable la hipocresía. Oímos, a propósito de la discusión sobre el posible aumento del precio de la gasolina, que cerca del cuarenta por ciento del subsidio de PDVSA al mercado interno termina saliendo de contrabando a Colombia y a otros vecinos. Pero nada dice ni hace el gobierno, por ejemplo, para explicar cómo de los llenaderos controlados por militares, tras rutas vigiladas por militares, surcando puntos comandados por militares, es en gandolas enteras que se hace la más voluminosa extracción. ¿Si lo sabemos y hemos denunciado desde hace años, cómo es que no conocemos de los procesos para que rindan cuentas los jefes civiles y militares que hicieron de esto el súper negocio de sus vidas?».
Añade el parlamentario que en sano juicio nadie puede avalar el contrabando, así sea en pequeñas dimensiones por cuenta del llamado bachaqueo de gasolina y de otros productos, pero exige que el gobierno admita que en el momento en que acabó con las actividades productivas y aplicó además unas » perversas» políticas económicas para controlarlo todo sin contraprestación distinta a la pérdida de empleos productivos y de poder adquisitivo del salario, ha estado fomentando esta actividad como modo de salvar la » peladera» en la que sumió a la familia venezolana.
«Más de 30.000 empresas que tuvieron que cerrar porque las políticas de controles y el asedio político contra la iniciativa privada las hicieron inviables, más de cuatro millones de hectáreas en las que antes se producía comida y ahora lo que ofrecen es ruindad; son obra de un gobierno que trajo por consecuencia dependencia de corruptas importaciones, bajísima oferta de productos al consumidor local, y conforme a los controles de precios y de cambio, un coctel macabro para que mafias de la más diversa adscripción hagan su festín con la extracción. Y no puede lavarse las manos el gobierno respecto de su complicidad en este mal contra el pueblo venezolano, proveyendo las condiciones para que el delito fluya».
