La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó hoy el asesinato del periodista Álvaro Cañizales e instó a las autoridades venezolanas a esclarecer el móvil del crimen y llevar a los autores ante la justicia.
Cañizales, de 50 años, dirigía en el estado Zulia la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, un programa oficial centrado en los problemas de seguridad que afectan al país.
El cadáver del periodista, que presentaba una herida en el cuello y estaba amordazado y maniatado, fue hallado el sábado en una quebrada en La Olla, en el municipio de Tinaquillo (estado de Cojedes).
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, expresó su solidaridad con los familiares y pidió a las autoridades que «realicen una investigación exhaustiva para identificar los motivos del crimen y aplicar la justicia para castigar a los culpables».
Si bien todavía no existen indicios claros sobre los móviles del crimen, Paolillo lamentó que la «ciudadanía y la prensa estén afectadas por el clima cada vez mayor de inseguridad en el país».
Cañizales fue director de los diarios La Fe y La Columna y subdirector de Coquivacoa TV, de Zulia, y también se desempeñó como jefe de prensa de la Secretaría de Cultura del estado, entre otras actividades.
Por otra parte, Paolillo reprobó la cancelación del programa de radio «Aquí entre tú y yo», de la periodista Nitu Pérez Osuna, ordenada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), que inició un procedimiento administrativo contra la estación Radio Caracas Radio (RCR) por supuestas violaciones de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, TV y Medios Electrónicos.
Según CONATEL, el programa vulneró los artículos 27 y 29 relacionados a la emisión de «mensajes que inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones políticas, fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público o desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas».
«Nos enfrentamos a otro acto de censura oficial en un país cada vez más silencioso, donde el Gobierno ha ido cerrando los espacios para expresarse mediante disposiciones legales que hábilmente creó con ese fin». EFE
