El gobierno ha dado un paso más en su campaña para acabar con el contrabando y la escasez de alimentos, medicinas y otros productos.
Se trata de instalar -antes del 30 de noviembre- sistemas de huellas digitales en farmacias, mercados y supermercados públicos y privados con el fin de limitar las compras de la gente, que muchas veces adquiere más de lo que necesita en medio del pánico que genera la escasez.
La campaña, sin embargo, genera rechazo de parte de consumidores, analistas y políticos de oposición, quienes sostienen que más controles aumentarán la burocracia, el contrabando y la ineficiencia, pero no resolverán la escasez.
La economía venezolana, basada en el modelo socialista implementado por el fallecido presidente Hugo Chávez, pasa por uno de sus peores momentos en décadas, con una de las inflaciones más altas del mundo en 60%, déficit fiscal y una escasez del 30%, según la última publicación oficial del índice en marzo.
Según el gobierno de Nicolás Maduro, la situación es producto de una «guerra económica» que opera a través del contrabando y el acaparamiento.
Y, en ese sentido, el gobierno considera que con más sistemas de control en la distribución, compra y venta de productos podrá acabar con la crisis.
«Papahuellas»
El sistema de captahuellas, conocido en la jerga local como «papahuellas», es una ampliación de un programa de Abastecimiento Seguro que se había anunciado en abril para supermercados públicos.
Un sistema que, según algunos críticos, oficializa la política de racionamiento en Venezuela.
Aunque el plan de Abastecimiento Seguro no ha sido del todo implementado en la red de supermercados del Estado, Maduro anunció esta semana que también lo llevarán a supermercados privados, farmacias y abastos.
La idea es que, una vez registrado, el comprador entre a un sistema que le permita al cajero ver cuánto de cada producto ha adquirido durante las últimas semanas.
El consumidor podrá comprar, una vez por semana, cierta cantidad de los rubros de la cesta básica, de acuerdo a los anuncios del gobierno.
Para esto, se pretende utilizar un sistema biométrico similar al que se usa en las consultas electorales.
«Será un sistema perfecto», dijo Maduro, quien anunció que este viernes dará más detalles sobre la instalación.
¿Por qué?
Así, el gobierno dice que puede evitar el acaparamiento y permitirle a cada venezolano la adquisición de los productos.
Los productos básicos como el aceite, la harina de maíz y el azúcar están regulados a precios muy económicos, por lo que resulta un negocio muy rentable conseguirlos a «precio solidario» y revenderlos en la calle a precios más altos que la gente está dispuesta a pagar para evitarse las colas.
La medida se añade a la llamada «guerra contra las colas«, una campaña con la que el gobierno, según anunció esta semana, quiere acabar con las extensas filas que se desprenden de cada supermercado.
Según el oficialismo, las filas tienen su causa en la ineficiencia de los supermercados, que muchas veces abren solo la mitad de las cajas que tienen disponibles.
La campaña para controlar los supermercados, pues, es ambiciosa. Tanto que el gobierno, según el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, está dispuesto a «tomar medidas de ocupación temporal» de los establecimientos comerciales que, según ellos, no cumplan con la ley.
El gobierno, en efecto, decretó este año una polémica Ley de Precios Justos que regula las ganancias de los vendedores en un 30%.
Los controles, incluso militares, no son del todo nuevos en Venezuela.«Deben aumentar oferta de bienes»
La pregunta, no obstante, es si el sistema de registro realmente va a servir.
Las limitaciones a las compras, de hecho, ya existen de manera informal en los comercios: «Solo ocho rollos de papel higiénico por persona» o «dos aceites por carrito de compras» son frases que los cajeros deben repetir a diario en Venezuela.
Eso, sin embargo, no han evitado el acaparamiento ni ha disminuido la escasez.
«Regular las compras es atacar las consecuencias del problema más que su causa«, dice la economista del ODH Grupo Consultores, Anabella Abadi.
«El gobierno no debe concentrar su energía en cómo regular las comprar sino en cómo aumentar la oferta de bienes».
Venezuela es el noveno peor país para hacer negocios, según el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.
«Y las principales trabas para producir son propias del modelo económico del gobierno», opina la columnista, que concluye: «En cambiar eso es que deberían enfocar sus esfuerzos».
No en vano, el propio Maduro rechazó los controles en junio de 2013 en un evento en el estado de Zulia como parte de la campaña «Soy conciente, consumo eficiente».
«La solución al problema económico del sobrecalentamiento de consumo (…) no es un chip ni un ticket», señaló el mandatario.
«La solución es producir, producir y producir», dijo.
