Desde ayer la comisión de Venezuela fue la encargada de llevar a cabo la presentación y defensa de los informes sobre la planificación y ejecución de las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia ante el Comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de los Derechos del Niño y la Niña, en Ginebra, Suiza.
La delegación venezolana estuvo presidida por la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Andreína Tarazón, integrada por los representantes de los distintos ministerios, entre ellos el del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Educación y Salud, así como también el Tribunal Supremo de Justicia, El Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENA) y el Consejo Nacional de Derechos Humanos.
Tarazón, explicó el rol que juega la Vicepresidencia del Área Social del Consejo de Ministros para garantizar la coordinación entre los organismos públicos que ejecutan tales políticas.
Además, entre los tantos temas que se discutieron sobre el adolescente sometido al Sistema de Responsabilidad Penal, resaltó ante el comité que “no hay menores de edad privados de libertad con motivo a manifestaciones, solo uno permanece privado de libertad por el delito de homicidio. Nuestro Estado no tolera actuaciones policiales violatorias de derechos humanos, muestra de ello son 13 policías privados de libertad”.
Con respecto a las inquietudes por parte de la comisión sobre la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA) en cuanto al incremento de cinco a diez años de la pena máxima aplicable a los adolescentes que incurran en delitos graves, así como también el aumento de 12 a 14 años de la edad de imputabilidad, la ministra indicó que “es un proyecto aún en proceso de reforma, no es Ley de la República, por lo tanto no debe ser objeto de discusión”.
Por su parte, el vocero en representación del MPPSP, el viceministro de Atención al Adolescente en conflicto, Ramón Garcías Utrera en compañía del director general de Regiones del Sistema de Responsabilidad Penal y Adolescente, Ovidio Peña, brindó respuesta a las inquietudes del Comité relacionado con la situación de los niños, niñas y adolescentes, cuyos padres y madres se encuentran privados de libertad.
“Es necesario subrayar que el derecho de los niños y niñas a mantener contacto directo con sus padres tienen rango constitucional en este país, y la privación de libertad de sus padres no es óbice para que el Estado venezolano garantice el disfrute efectivo del mismo, sin embargo, en razón a la seguridad de los niños, niñas y adolescentes en los penales abiertos para la población masculina, se requiere la autorización de los Consejos de Protección de los Niños, o en su defecto del Tribunal de Protección correspondiente a el área de jurisdicción de los establecimientos, siendo que estas visitas se hagan concertadas en espacios totalmente distintos a la población penal en general”, explicó Garcías.
El viceministro resaltó que en los centros de reclusión de mujeres la visita se hace regularmente cada 15 días y son planificadas por módulos donde se brinda atención integral, a través de un equipo multidisciplinario, reforzando el sentido de familia.
