En concepto del jefe de Estado, «cuando estos señores dicen que (la de tierras) es una ley que es de mentiras, es porque les estamos quitando las banderas». Enfatizó que la aplicación de la Ley de Restitución de Tierras «va viento en popa» y eso «es lo que tiene nerviosas a la guerrilla»
Indicó que «estamos devolviéndoles la tierra a los campesinos, no importa de dónde vengan los victimarios»
BOGOTA. El presidente colombiano Juan Manuel Santos pidió el viernes que no se preste atención a las críticas de las FARC sobre su política de tierras durante la instalación de la mesa de negociación en Oslo, Noruega, entre su gobierno y ese grupo guerrillero.
El jueves, en la capital noruega, el jefe del equipo negociador de las FARC, Iván Márquez, cuyo verdadero nombre es Luciano Marín Arango, cuestionó la política de tierras del Ejecutivo y dijo que «la titulación de tierras, tal como la ha diseñado el actual gobierno, es una trampa (porque) encarna una suerte de despojo ilegal».
Durante una intervención radial en el programa «En línea con el Presidente», y ante la pregunta de un oyente, Santos expresó: «No le pare muchas bolas (o no le preste atención) a esas manifestaciones que son… con intenciones políticas».
En concepto del jefe de Estado, «cuando estos señores de las FARC dicen que (la de tierras) es una ley que es de mentiras, es porque les estamos quitando las banderas». Enfatizó que la aplicación de la Ley de Restitución de Tierras «va viento en popa» y eso «es lo que tiene nerviosas a las FARC».
Reiteró que los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) «saben perfectamente que eso (de la política de tierras de su gobierno) les quita a ellos una de sus banderas de propaganda…, que los campesinos fueron desalojados. Sí, fueron desalojados muchos campesinos, entre ellos… por las FARC».
Indicó que «estamos devolviéndoles la tierra a los campesinos, no importa de dónde vengan los victimarios, pueden ser paramilitares pero también la guerrilla. La guerrilla desalojó a muchos campesinos y a esos también les vamos a devolver sus tierras».
Sobre el tema de la tierra, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, dijo en la jornada que al menos el 40% de los labriegos reclamantes de tierras han dicho que fueron desalojados por las FARC. La ley de tierras se está aplicando «por parejo».
La propiedad de la tierra ha sido descrita comúnmente como una de las raíces del conflicto armado interno en este país de 114 millones de hectáreas, de las cuales grupos no gubernamentales y funcionarios afirman que al menos dos millones le fueron quitadas a los campesinos por grupos armados ilegales, cuatro millones fueron abandonadas por sus propietarios por temor al accionar de esos grupos y entre 400.000 y 500.000 le fueron robadas al Estado en procesos fraudulentos en notarías y registros.
Horas más tarde, en un evento universitario y al referirse a la negociación con las FARC, Santos dijo que «vamos a ver si estas conversaciones producen los resultados. Sabemos perfectamente qué queremos, sabemos exactamente dónde están las líneas rojas (del proceso), qué podemos ceder, qué no podemos ceder».
«Ojalá se pueda dar ese resultado (de la paz), sería maravilloso para todo el mundo. Pero si no se da, hemos hecho tan bien las cosas de forma tal que al país no le cueste nada haber ensayado», dijo, y añadió que se sentía tranquilo.
Santos insistió en que no habrá cese de operaciones militares contra la guerrilla ni despejes territoriales, y, finalmente, observó que si Colombia logra la paz «los dividendos son enormes, infinitos».
En ninguna de las dos declaraciones el presidente se refirió a la forma acalorada en que transcurrió la instalación de la mesa de diálogo en Oslo entre los rebeldes y el jefe de su equipo negociador, el ex vicepresidente Humberto De la Calle.
El 15 de noviembre en La Habana, Cuba, se volverán a reunir ambas partes para continuar con el naciente proceso de paz que busca poner fin a un conflicto que está próximo a cumplir 50 años.
En tanto, la ex senadora Piedad Córdoba, a quien las FARC le entregaron en los últimos cuatro años a unos 30 secuestrados, entre políticos, militares y policías, acogió el viernes la propuesta de las últimas horas del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso para que las autodefensas de ultraderecha hagan parte también del proceso de paz.
«Uno no puede dejar de reconocer que el paramilitarismo es un fenómeno de construcción de los poderes económicos y fácticos de este país que, de no resolverse, es muy difícil que se pueda hablar de la paz», aseguró Córdoba en una rueda de prensa en Bogotá.
Mancuso está preso en Estados Unidos, desde mayo de 2008, bajo cargos de narcotráfico.
«Así como están los militares haciendo presencia en la mesa de diálogo, así como están los empresarios, también deben estar quienes han venido coordinando y organizando el paramilitarismo en el país, como una forma de no reconocer que son un actor político…, pero sí de reconocer que son una presencia nociva creada por las ultraderechas de este país», agregó Córdoba.
En la misma rueda de prensa, la activista Janeth Bautista exigió que el tema de los desaparecidos también esté en la agenda del proceso de paz porque «hay 18.000 personas víctimas de desaparición forzada en Colombia, y 71.000 que todavía buscan a sus seres queridos… Queremos que nos digan dónde están los desaparecidos».
