Patricia Gutiérrez, esposa del exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos, espera que «haya luz» en el juicio contra el político que comienza hoy por su presunta incitación a la violencia en las protestas que durante meses se propagaron por Venezuela.
«Hoy esperamos que en el Palacio de Justicia haya luz», dijo a Efe Gutiérrez, horas antes de la convocatoria de la primera audiencia del juicio del opositor acusado de los delitos de rebelión civil y «agavillamiento» (asociación para delinquir) por supuestos llamados a la violencia durante las protestas.
El equipo legal que se encargará de la defensa contará, según Gutiérrez, con 12 pruebas testimoniales para intentar probar la inocencia de Ceballos que permanece en prisión desde el pasado 19 de marzo.
Según la esposa del político, en la audiencia preliminar, el 8 de julio, se presentaron más de 40 testigos, pruebas escritas, grabaciones de los programas de televisión y de radio en los cuales el opositor declaró hasta el mes de marzo, cuando fue detenido.
«Y no hay una declaración en la que Daniel haga un llamado a rebelión porque él es inocente, él no lo hizo», añadió Gutiérrez, quien fue elegida para sustituir a su esposo en la Alcaldía luego que este fuera destituido y condenado en otro juicio por desacatar un fallo del Tribunal Supremo.
Según la ahora alcaldesa de San Cristóbal, durante la audiencia preliminar «todas esas pruebas fueron desestimadas (…) y solamente permitieron promover 12 pruebas testimoniales» para el juicio.
«Solo hay declaraciones de testigos, pero no tienen pruebas que soporten estos testimonios», aseguró.
Gutiérrez afirmó que las acusaciones se sustentan en declaraciones y mensajes del exalcalde a través de su cuenta en Twitter en la que «incitaba a la población a una rebelión, que hacia llamados para derrocar el Gobierno».
Para Gutiérrez, este juicio, «no tiene ningún tipo de soporte ni pruebas, solamente los testimonios de unos funcionarios públicos (…) que tienen un interés político en perjudicarlo».
Ceballos, cumplirá mañana 6 meses preso, luego de ser condenado en otro juicio a 12 meses de prisión por desacato a una medida cautelar del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que obligaba a las autoridades municipales a impedir la colocación de barricadas durante las protestas.
Una condena similar fue dictada contra el exalcalde de San Diego, Enzo Scarano, acusado también de desacato.
Ambos fueron destituidos por el TSJ y, acto seguido, el Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones que dos meses después ganaron sus esposas.