Venezuela debería modificar su ley del aborto y permitir que las adolescentes interrumpan su embarazo con el fin de reducir el alto índice de mortalidad entre ese grupo, que es de los más elevados de la región, señaló hoy el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
«El Comité está profundamente preocupado por que Venezuela tenga uno de los índices más altos de la región de embarazos de adolescentes y que muchos de ellos acaben en muerte materna«, señala el organismo en sus conclusiones sobre Venezuela.
«(El Comité) está preocupado por la falta de acceso a procedimientos de aborto seguro a causa de la restrictiva ley y la carencia de información sobre el impacto de los programas para reducir estos embarazos», agregaron los expertos de la ONU.
Ante esta situación solicita al Gobierno venezolano que haga un estudio sobre las causas de las muertes entre las adolescentes embarazadas.
El Comité pide a Venezuela que revise su legislación sobre el aborto y provea excepciones adicionales en caso de que el embarazo sea consecuencia de una violación o un incesto, ponga en riesgo la salud de la adolescente y evite la práctica de un aborto inseguro.
También se reclama que la opinión de la adolescente «siempre sea tenida en cuenta y respetada en las decisiones respecto al aborto».
Los expertos solicitan a Venezuela que haga campañas de concienciación entre los varones sobre la importancia de un comportamiento sexual sano y las responsabilidades de la paternidad.
Respecto a la explotación sexual de menores el Comité pide que se investiguen los casos de abusos y se persiga a los culpables y se refuercen los servicios de prevención e investigación.
Los expertos de Naciones Unidas recuerdan a Venezuela que debe asegurarse de que prohíban los castigos corporales y se promuevan formas de educar no violentas y participativas.
El Comité muestra su «preocupación respecto a que los índices de mortalidad en el grupo de edad de 15 a 17 años se han triplicado de 1997 a 2009 y aunque, según la información proporcionada por el Estado, este índice ha decrecido en 2013, sigue siendo muy alto».
Por ello pide que se «hagan todo los esfuerzos necesarios para evitar los asesinatos de niños, incluyendo aquellos llevados a cabo por las pandillas armadas, y que resuelva las causas primigenias de esos actos de violencia, como la pobreza y la marginación».
El Comité reclama que se investiguen los asesinatos extrajudiciales y que los responsables sean llevados ante la justicia. También hace especial hincapié en recordar la importancia de que los niños no tengan acceso a las armas.
Los expertos recomiendan que aumente la edad de responsabilidad criminal y que se asegure de que los reos menores no compartan celdas con prisioneros adultos.
Además el Comité solicita que investiguen las sospechas de niños trabajando en minas de oro ilegales. EFE
