La maniobra acelerada de la petrolera estatal Pdvsa para vender unidades ha generado interrogantes acerca de si Venezuela desea reducir su exposición internacional, para evitar que le confisquen activos en el caso de que alguna compañía gane un arbitraje en demandas contra el país.
El productor de crudo líder de Latinoamérica está buscando vender su importante unidad de refinación en Estados Unidos Citgo Petroleum Corp, así como participaciones en las refinerías Hovensa en las Islas Vírgenes estadounidenses y Chalmette en Luisiana, y una red de refinerías en Suecia, Inglaterra y Escocia.
El Gobierno ha manejado las posibles ventas en secreto, dejando a analistas y actores del sector energético intentando reconstruir el razonamiento que justifique la sorpresiva desinversión.
La mayoría dice que la razón general detrás de las potenciales ventas es una necesidad de liquidez tanto de Pdvsa como del Gobierno, que busca apuntalar sus arcas antes de efectuar pagos de un bono clave con una economía debilitada.
Pero expertos del sector también destacan que PDVSA podría querer reducir su exposición internacional antes de que en los próximos meses se conozcan los fallos de sendos arbitrajes promovidos por ExxonMobil Corp y ConocoPhillips.
Ambas compañías están buscando una indemnización después de que sus proyectos fueron tomados por el Gobierno que encabezaba el fallecido presidente Hugo Chávez, que lideró una ola de nacionalizaciones que incluyó activos en las industrias petrolera, eléctrica, y siderúrgica.
Si bien Venezuela ha jurado que pagará si recibe una sentencia en contra, en el mercado ha crecido el temor a que PDVSA podría estar preparándose para su mayor retirada del mercado estadounidense de refinación en momentos en que empeora la crisis financiera del país.
“El Gobierno probablemente tenga problemas para pagar esos laudos (arbitrales) en efectivo, dado los limitados recursos, y probablemente busque en cambio llegar a un arreglo con bonos o activos petroleros”, señaló en una nota la consultora Eurasia Group.
“Sin embargo, el Gobierno probablemente esté buscando reducir sus vulnerabilidades en el caso de que los demandantes no deseen aceptar fuentes alternativas de compensación”, agregó la consultora.
Hacer cumplir laudos arbitrales complicados probablemente tome años dado los procesos de apelaciones.
Sin embargo, a las más de 20 compañías que han llevado a Venezuela a un arbitraje por nacionalizaciones las reconforta la idea de que sus activos internacionales pueden en teoría confiscarse en caso de que el país no tenga voluntad de pagar.
“Las empresas que tienen arbitrajes contra Venezuela siempre han visto a los bienes de CITGO como una garantía, en caso de que se llegue a la ejecución forzoza de un hipotético laudo si el país decide no cumplirlo voluntariamente”, dijo Carlos Bellorin, analista del sector petrolero de IHS.
Una menor exposición internacional también reduce la necesidad de promover relaciones diplomáticas y comerciales positivas con Estados Unidos, de por si bastante dañadas. Pdvsa no respondió a solicitudes de comentarios.
