“El Estado venezolano está obligado a acatar el dictamen de la Organización de Naciones Unidas que ordena la liberación inmediata de Leopoldo López”.
Así lo afirmaron este jueves los abogados defensores del líder político, Juan Carlos Gutiérrez y Bernardo Pulido, quienes explicaron que el máximo organismo internacional no solo ratificó la inocencia de López, sino que reivindicó la lucha por los derechos constitucionales del pueblo venezolano que el dirigente de Voluntad Popular adelantada.
Gutiérrez precisó que la instancia que emitió el dictamen, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fue validada por el Estado venezolano en su conjunto.
“Venezuela pertenece como miembro activo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde inclusive participó directamente en la elección de 3 de los 5 miembros que emitieron esta decisión; además en el mes de mayo las ciudadanas Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo y Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, acudieron ante dicho Consejo en Ginebra a responder con pruebas y documentos oficiales por estas y otras acusaciones, con lo cual participaron como parte reconociendo la jurisdicción de la ONU en la materia. Mal podría entonces el Estado venezolano desconocer este dictamen que por acuerdos y tratados internacionales como la Convención de Viena es vinculante y de obligatorio cumplimiento”.
El penalista detalló que la investigación realizada por las Naciones Unidas, como máxima instancia mundial, es la mejor sentencia sobre la inocencia de López.
“Hemos certificado con pruebas irrefutables en mano que el caso contra Leopoldo López es una detención arbitraria con violación a sus derechos de manera sistemática en una cárcel militar, es decir, que se trata de un montaje judicial. El gobierno venezolano tuvo la oportunidad de responder procesalmente pero en sus alegatos no logró justificar el proceso contra Leopoldo, por lo que la ONU decide que el gobierno venezolano disponga la inmediata libertad del Sr. Leopoldo López Mendoza y que públicamente se le pida disculpas en resarcimiento moral al agravio cometido. No quede duda que este pronunciamiento debe ser acatado inmediatamente por el gobierno”.
