No quiero aguar la fiesta. Insisto: el asunto debe regularse mediante una ley, pero la misma debe evitar el excesivo reglamentarismo que propulse aún más la informalidad y por ende la precarización jurídica de las ventas en Internet.
Una interesante iniciativa se adelanta en la Asamblea Nacional para combatir los delitos que se cometen a través de la red. La propuesta luce razonable, a raíz del lamentable crecimiento de este tipo de estafas en Venezuela y que, en algunos casos, ha cobrado víctimas fatales.
Un modus operandi es que acuerdan con el vendedor un sitio para llevarle el dinero de un producto ofrecido por Internet y se han encontrado con la muerte, además de perder el dinero. Creo que es plenamente justificado generar una ley para normar todas las operaciones de compra – venta que se realizan en Internet.
Este tipo de transacciones informales (básicamente las que se realizan a través de redes sociales) promueve una competencia desleal contra la empresa formal que debe pagar sus impuestos y cumplir con exigencias como garantías y servicios de post – venta.
Pero, también debemos hacernos la siguiente pregunta ¿Cuándo empezó a incrementarse exponencialmente la compra y venta de productos a través de la red? ¿Qué circunstancias han disparado este crecimiento insano, dado que no es producto de una demanda natural?
La escasez es la respuesta definitiva, aunque acepto que es cuestionable éticamente la práctica de aprovechar la escasez y la necesidad de muchos compatriotas para hacer negocios. Y en esta lista no solo están los estafadores de la red, sino los buhoneros, quienes no ocultan su rostro ni cambian constantemente su perfil en Facebook ni desaparecen su huella en la red. Estos están en las aceras y calles de Venezuela.
Es pertinente una ley que regule este mercado. Lo que no puede creerse es que con la ley, el mandado está hecho. Recuerden lo que pasó con la nueva Ley de Alquileres, un instrumento preñado de buenas intenciones, pero que en la práctica paralizó el negocio de los alquileres y generó un mercado negro, donde una cosa se firma en la notaría y otra se baraja por debajo de la mesa, escenario donde el supuesto protegido (inquilino) termina aún en peores condiciones.
No quiero aguar la fiesta. Insisto: el asunto debe regularse mediante una ley, pero la misma debe evitar el excesivo reglamentarismo que propulse aún más la informalidad y por ende la precarización jurídica de las ventas en Internet.
Como corolario, puedo asegurar que una vez que en Venezuela la oferta y la demanda se acompasen, e incluso la oferta sea significativamente superior a la demanda, la ley tendrá su función más como apaga fuegos, más como un instrumento que se use solo en caso de diferencias entre las partes o ante casos puntuales de estafa, y no como una panacea, porque la panacea es producir más, contar con muchos bienes y servicios en todos los canales de ventas, incluyendo los canales electrónicos o digitales.
Aún en Venezuela hace falta producir más alimentos, motos y medicinas que eviten que muchos venezolanos desesperados sean presa fácil de estos estafadores. No obstante, la responsabilidad individual de cada uno de nosotros también es determinante. Debemos tener cuidado con este tipo de ofrecimientos en Internet.
Miguel Pérez Abad
