Los 185 extrabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) sometidos a procesos administrativos con multas millonarias por daños al patrimonio fiscal durante el paro petrolero de 2002 «son perseguidos políticos», denunció hoy su defensa.
El abogado de algunos de ellos y presidente de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, dijo a Efe que el proceso que lleva la Contraloría es en realidad «de persecución administrativa que puede dar paso a una persecución penal».
«Todo esto es parte de una persecución política», advirtió.
Entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, una huelga impulsada por la oposición para presionar al presidente Hugo Chávez a renunciar prácticamente paralizó la petrolera y derivó en el despido de la mayor parte de la directiva de PDVSA y de cerca de 20.000 empleados.
El Gobierno del presidente Hugo Chávez ha calculado en 19.000 millones de dólares las pérdidas que produjo el paro, y, según el abogado y activista, «lo pretenden dividir entre los 185 acusados, con lo cual cada uno debería pagar más de 100 millones de dólares, cifra exagerada, absurda a todas luces».
Romero recordó que el proceso comenzó en 2006, cuatro años después del paro petrolero, la expresión más radical de la huelga general que durante 63 días mantuvo la oposición en busca de la renuncia de Chávez, y que desde el pasado jueves «ha emitido unas 15 decisiones administrativas diariamente».
La primera de las sanciones se conoció el pasado 18 de octubre y afectó a once de los 185 extrabajadores.
Se prevé que «esta acusación administrativa de primer nivel, de primer grado, concluya en unas dos semanas», añadió Romero.
Explicó que antes de mediados de noviembre próximo «la Contraloría publicará el acto con todas las sanciones y de ahí la defensa de cada uno procederá con apelaciones ante la misma Contraloría o pedirán la actuación de la Corte de lo Contencioso Administrativo o del Tribunal Supremo de Justicia».
Dijo que aún no ha decidido cómo actuarán en defensa de los 18 extrabajadores de PDVSA a los que representa.
El abogado Gonzalo Himiob, socio de Romero y asimismo parte de la misma ONG, indicó a Efe el jueves pasado que en caso de que los extrabajadores que se encuentran fuera del país no paguen las millonarias multas «podrían intentarse acciones de recuperación contra los bienes que tengan en Venezuela».
El presidente de PDVSA y ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, dijo a mediados de 2005, antes de que la Contraloría comenzara el proceso contra los 185 acusados, que el paro petrolero fue «un crimen contra el pueblo venezolano».
La plantilla de PDVSA de entonces bordeaba los 40.000 empleados, de los cuales cerca de 20.000 fueron despedidos por secundar la huelga, entre ellos los 185 que fueron cesados personalmente por Chávez, quien en una alocución televisada se valió de un pito de árbitro para expulsarlos de la estatal tras pronunciar el nombre de cada uno de ellos. EFE
