CIUDAD DE MÉXICO (AFP) .- Los testimonios que apuntan a la masacre de los 43 estudiantes desaparecidos en México pueden dar un trágico cierre a seis semanas de angustia nacional que pusieron en evidencia la gravedad de la infiltración del narcotráfico en autoridades mexicanas.
La fiscalía general anunció el viernes que tres presuntos sicarios del cártel Guerreros Unidos habían confesado que asesinaron e incineraron a los estudiantes, que les habían sido entregados por policías corruptos de la convulsa región de Guerrero (sur).
Los jóvenes, que se formaban para ser maestros rurales en esa empobrecida región, habían viajado a la ciudad de Iguala el 26 de septiembre para recaudar fondos para su escuela, utilizando varios autobuses de los que se habían apoderado por la fuerza, una práctica común en sus movilizaciones.
La fiscalía acusa al alcalde de Iguala y su esposa de ordenar a sus policías que atacaran a los estudiantes, víctimas aparentemente de unas atrocidades que han estremecido a México.
¿Quiénes son los 43 estudiantes?
Todos ellos son alumnos varones, la mayoría de entre 18 y 21 años, de la escuela rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a unos 125 kilómetros de Iguala. Su aspiración era alcanzar empleo como maestros para enseñar en comunidades de Guerrero, una de las regiones mexicanas más pobres.
Abel García Hernández, por ejemplo, tiene 19 años y es originario de Tecoanapa, un humilde pueblo de polvorientas calles de la costa de Guerrero. Llegó a la escuela en agosto porque quería dedicarse a la enseñanza del español y la lengua indígena mixteca.
«Quería ser alguien en la vida», explicó a la AFP un familiar de Abel que pidió el anonimato.
La escuela de Ayotzinapa es conocida por su ideología socialista y su activismo radical. En el patio central lucen murales de algunos de sus intelectuales reverenciados como Karl Marx, Mao Zedong y Ernesto ‘Che’ Guevara.
Dentro de esa paredes se formaron algunos líderes de las guerrillas mexicanas de la década de los 70, como Lucio Cabañas.
¿Quiénes son los Guerreros Unidos?
Son una escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, que llegó a ser uno de los más poderosos y con mayor capacidad de corrupción en México hasta que militares abatieron en 2009 a su líder, Arturo Beltrán Leyva, alias ‘El jefe de jefes’.
Ahora, Guerreros Unidos están entre la media docena de bandas criminales que operan en Guerrero y sostienen brutales pugnas con sus principales enemigos, Los Rojos.
El gobierno de México acusa a Guerreros Unidos de estar entre los principales traficantes de amapola y marihuana a la ciudad estadounidense de Chicago. Su presunto líder, Sidronio Casarrubias, fue capturado el 17 de octubre.
¿Quiénes son el alcalde
de Iguala y su esposa?
Apodados «La pareja imperial» por su riqueza y poder, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su mujer, María de los Ángeles Pineda, huyeron de la ciudad varios días después de las desapariciones.
Pineda, hermana de tres narcotraficantes del cártel de los Beltrán Leyva, es acusada de ser la principal operadora de los Guerreros Unidos en Iguala.
Abarca, ya revocado del cargo de alcalde, fue acusado por miembros de su propio Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda) de asesinar a un líder agrícola, Arturo Hernández Cardona, el año pasado.
Las autoridades explicaron que en ese entonces no había suficientes evidencias para actuar contra Abarca. Finalmente, la pareja fue detenida el martes en una casa abandonada de un populoso barrio de Ciudad de México.
¿Por qué fueron
atacados los
estudiantes?
La fiscalía sostiene que Abarca ordenó el ataque porque temía que los estudiantes sabotearan un evento público de su esposa, que era presidenta local de una institución pública de protección a la infancia.
Los jóvenes habían participado en fuertes protestas contra el alcalde por el asesinato de Hernández Cardona.
El detenido Sidronio Casarrubias ha declarado que la noche de las desapariciones fue informado por su lugarteniente en Iguala que los estudiantes eran parte de un grupo criminal rival.
Por ello, Casarrubias dijo que avaló acciones armadas «en defensa del territorio». La fiscalía recalca que no hay evidencias de que los estudiantes formaran parte de algún grupo criminal.
