Representantes de gremios educativos del estado Táchira consignarán ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la nulidad de la resolución 058 del Ministerio de Educación, que reglamenta los llamados Consejos Educativos. Así lo informó Gerardo Ramírez, dirigente de Voluntad Popular y vocero de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación en Venezuela (Fenatev), en compañía de los comandos intersindicales de la educación tachirense.
Los gremialistas alzaron su voz de denuncia ante la publicación del Ministerio de Educación de la Gaceta Nº 40.029 de fecha 16 octubre, que deroga la normativa Nº 751 que data del año 1986, “y que intenta nombrar personas ajenas a los centros educativos, que invaden el ámbito educativo, desnaturalizan la misión pedagógica de los maestros y planteles, pueden decidir cuándo un profesor es malo o bueno, decidir el presupuesto, las cuadraturas de docentes, y demás funciones que dejarían de lado la figura directiva de la institución”, dijo Ramírez.
Destacó que a pesar de que la Ley Orgánica de Educación se promulgó hace un año, el Ministerio de Educación esperó el paso de las elecciones presidenciales para publicar en Gaceta Oficial la normativa que intenta acabar con las Juntas de Padres y Representantes para ser ocupadas por los Consejos Educativos.
El líder naranja afirmó que dicha normativa “pretende anarquizar los centros educacionales, porque no dice cómo se instrumentarán estos Consejos, los requisitos y perfiles que necesitarían sus miembros, pues lo que pretenden es imponer el estado comunal, empezando por la parte más vulnerable que son los niños. Desde hace años han querido imponer las milicias, el currículo bolivariano, el decreto 1.011, las guerrillas comunicacionales, entre otros intentos de desestabilizar las autoridades y funciones educativas, y siempre la sociedad civil les ha dicho que no”.
Exigen debate
Informó el vocero de Fenatev que los directores no han sido informados: “aunque la ministra de educación, Maryann Hanson, ha dicho que se ha debatido con cinco mil personas, no tenemos conocimiento de eso, y nosotros somos al menos 400 mil miembros de este gremio, quienes no fuimos invitados a los supuestos debates, nadie sabe absolutamente nada, ni conocen el contenido de este instrumento. Esto es descabellado”.
Ramírez enfatizó que el planteamiento es exigir el verdadero y serio debate “con los actores naturales del hecho educativo, los representantes, los directores, maestros y alumnos que forman parte de los planteles. Y paralelamente vamos a consignar ante el TSJ la nulidad de este instrumento o que se tomen en cuenta las consideraciones que este gremio haga de los aspectos que trastocan el orden y derecho educativo”.
