La vocera de la Red de Madres, Padres y Representantes, Lila Vega, asegura que la mayor preocupación ante la medida anunciada por el Ministerio de Educación, es que se pretenda convertir a las instituciones educativas “en la extensión de un partido político”
“La resolución habla de un modelo sociopolítico y de poder popular y aunque se expresa que hay que velar por la educación ciudadana, no se dice qué se va a hacer para optimizar la gestión escolar”.
Lila Vega
La resolución 058 del Ministerio de Educación, que establece cambios y nuevos criterios de participación en los planteles educativos tanto públicos como privados, ha generado desde su publicación en Gaceta Oficial N° 40.029 del pasado 16 de octubre, un clima de preocupación tanto en el gremio docente como en redes y asociaciones de padres y representante, ante la creencia de que ello pueda tener una intención política e ideológica.
Así lo expresó la vocera de la Red de Madres, Padres y Representantes, Lila Vega, quién aseguró que la normativa pareciera estar descrita en la jerga del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), por lo que temen que se quiera convertir a las instituciones educativas en un instrumento partidista.
“La resolución habla de un modelo sociopolítico y de poder popular y aunque se expresa que hay que velar por la educación ciudadana, no se dice qué se va a hacer para optimizar la gestión escolar”, expresó Vega.
La representante rechazó que en la redacción del instrumento legal, no se destacan los conceptos de pedagogía y mejoras académicas. “Se habla de los nuevos ciudadanos, de la democracia protagónica, la doctrina bolivariana y a toda una serie de conceptos que nos son constitucionales”, enfatizó.
A ello agregó, no estar de acuerdo con que se quieran cumplir objetivos partidistas dentro de las escuelas. “Para eso no están las instituciones y mucho menos las escuelas que no están al servicio de un partido”, resaltó.
La participación
Otro de los problemas que ven los padres en la aplicación de esta nueva norma es que su redacción no está clara. Vega asegura que el documento nombra al consejo educativo como una instancia ejecutiva que incluye al personal administrativo, obrero y voceros de los comités de educación de los consejos comunales.
“Estamos hablando que vamos a tener entre 10 a 15 personas en la oficina del director, todos con opiniones diferentes y cada uno tendrá un voto de decisión, lo cual pareciera un muy poco funcional”, declaró.
Recordemos que la normativa que deroga la Resolución 751, vigente desde 1986 y que elimina la figura de las sociedades de padres siendo sustituidas por el consejo educativo, establece que los voceros comunitarios tendrán injerencia en los asuntos escolares, los cuales se decidirán en asamblea.
“Hay que tener en cuenta que las escuelas son un espacio pedagógico y eso se debe mantener. Con esta norma estamos hablando de una mayoría podrá decidir acciones a que no necesariamente estén vinculadas con ese propósito”.
Acotó que entre los inconvenientes que se pueden presentar con la estructura planteada, en la que personas que no sean padres o docentes puedan tener injerencia en los asuntos de la escuela, es que la comunidad educativa se recargue de responsabilidades que no pueda cumplir.
Puso como ejemplo el caso de los padres cuando son convocados a una reunión. “En mi caso hago todo lo posible por asistir, si es de faltar al trabajo o dejar de hacer una diligencia lo hago porque se trata de la educación de mi hijo, pero en el caso de personas ajenas que también tendrán hijos u responsabilidades existe la posibilidad de que no puedan asistir”, exclamó.
“Inconsulta”
Entre las criticas hechas por la Red de Padres, Madre y Representantes a la Resolución 058, es que ésta se hizo de manera “inconsulta”. Alegan no haber sido convocados por el Ministerio de Educación, para saber su opinión a la norma impuesta.
Ante ello, el día de hoy acudirán al Ministerio de Educación, para solicitar una audiencia con la ministra Maryann Hanson, para que se restituya el proceso de consulta de no ser así acudirán al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a introducir una demanda de nulidad contra la normativa.
Por su parte, Hanson, recordó que dicha resolución ha sido consultada desde el año 1999 y que ha más de 5 mil personas han participado en el proceso de consulta. “Es mentira que no se ha consultado, pero hay gente que estuvo acostumbrada a dirigir los procesos de una visión autoritaria entonces si no se les consulta a ellos, creen que no existe la consulta”, dijo.
Aspectos positivos
La vocera de la red de Padres, Madres y Representante señaló que mientras esté vigente la normativa que modifica las nuevas formas de participación en los planteles públicos y privados, hay que estudiar tanto sus aspectos negativo como los positivos, entre los puntos a favor que encontraron se encuentran:
1).- Se estableció un lapso de un años para modificarla y proponer mejoras.
2).- Se establece que las comunidades tengan participación en las escuelas.
3).- Después de muchos años se está discutiendo el tema de la participación escolar.
Nelyabith Bello
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