Las impugnaciones, efectuadas ante el Poder Moral de acuerdo a lo establecido en el artículo 263 de la Constitución, dejaron por fuera a un importante número de aspirantes a magistrados del TSJ. Así lo dio a conocer el abogado constitucionalista Juan Gutiérrez, quien aspira, según expresó, que el presidente del Comité de Postulaciones, Elvis Amoroso se pronuncie sobre dichas impugnaciones.
Asimismo, continuó diciendo el profesional del derecho, «la selección debe ser transparente, ya que daría mucha vergüenza ver, por ejemplo, que entre los escogidos figure Marisela Godoy, ex Juez Octava Penal, ligada al bufete de David Morales Bello, acusada por la ex juez 45 de Primera Instancia Penal, María del Carmen La Riva Ron, por presuntamente pertenecer a mafias que imponían a jueces, amañaban expedientes y cometían actos de corrupción en la Cuarta República».
«Otro caso indignante», agregó Gutierrez, «sería el de Jesús Orangel García, recomendado para el cargo por el exmagistrado refugiado en Miami, Eladio Aponte Aponte. Fue magistrado de la Corte de Apelaciones de Caracas y tuvo entre sus manos casos como el relacionado con el financiamiento internacional que recibió la organización Súmate, la masacre de los estudiantes universitarios en el barrio Kennedy y el complicado caso Microstar».
«Por otro lado, dentro de los impugnables, está el ex-uez Juan Carlos Cuenca Vivas, vinculado a un caso en Costa Rica, donde se investigaron pagos por unos tanques hechos para CAVIM. La investigación fue hecha por la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Unidad de Lavado de Dinero del OIJ de ese país. Cuando intentó reingresar al Poder Judicial, en el año 2013, el TSJ lo rechazó».
«Pero la gota que rebasó el vaso, es ver a Paúl Aponte Rueda, sucesor de Eladio Aponte Aponte en la Sala de Casación Penal del TSJ. Está resteado con el proceso revolucionario del PSUV. Ha declarado que un juez que no tenga posición política no puede ser juez, porque con la posición política se consolidan sus ideas y sus principios, lo cual contradice el deber de un juez de ser cauteloso en sus declaraciones».
«Y como caso insólito está la postulación de José Germán Quijada Campo, ex magistrado de la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de Caracas, quien fue destituido de su cargo por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, cuando determinó que infringió sus deberes al conocer el caso de Guillermo José Ramón Klapka Anato. Fue acusado de intentar cobrar ante el Banco Central de Venezuela (BCV) unos papeles del Estado, supuestamente falsos, valorados en varios millones de dólares (Caso Bandagro)».
Estos ejemplos, acotó Gutiérrez, «son para que el Poder Legislativo observe bien quienes serán seleccionados al TSJ, pues el país está atento a las designaciones de los nuevos magistrados y los ciudadanos esperamos que la selección no esté amañada ni contaminada, si realmente se quiere que la administración de justicia cambie para bien de todos. La escogencia deber ser imparcial, honesta, transparente, como lo establece el artículo 263 de la Constitución Nacional de Venezuela». Concluyó Juan Gutiérrez.
Prensa TSJ
