“…Es preferible un delincuente libre, que un inocente preso…”
Cesáreo José Espinal Vásquez—cjev@cantv.net
Esta lapidaria frase ha sido universalmente aceptada, pero muchas veces inaplicable. La historia de la humanidad en el ámbito de la justicia penal ha tenido infinidades procesos injustos. Ilustres maestros como el Dr. Félix Saturnino Angulo Ariza, el Dr. José Rafael Mendoza Troconis y el Dr. Elio Gómez Grillo, les preocupaba la situación carcelaria en nuestro país, el delito y las penas, con quienes tuve el honor de conversar sobre este grave problema social. Cuando en mis primeros años de ejercicio profesional ejercí el derecho penal, mantuve un pensamiento en mi mesa de trabajo del bufete “Solo defiendo la recta aplicación de la ley, no al presunto delito cometido”.
El problema carcelario, para no decir, penitenciario, es mayúsculo, dado más en los procesados, que en los penados en penitenciarias, porque hemos confundido no solo las nomenclaturas, sino en lo más grave, los procedimientos y clasificaciones del procesado. El detenido en espera de juicio y en definitiva de su sentencia, es un huésped del retén o cárcel. Propuse en 1993, un plan trienal para la reforma penitenciaria, previo sus estudio con el profesor Gómez Grillo, fundador del Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios, con el objeto en primer lugar, de educar a funcionarios en su labor con probidad y humanidad en esos recintos. Pero lo más grave de la privación penal de la libertad, tiene su causa en el hacinamiento. El Retén de Catia, fue construido para 700 internos y para 1994 era “depósitos de humanos” con más de 2.500 personas. Un crimen de lesa humanidad. Propuse la reforma de la estructura física del Retén de Catia, en tres pabellones clasificando los procesados por delitos y edades a fin de acabar con el hacinamiento salvaje, bajo el esquema de quien comete por primera vez un delito de daño menor, en lesiones, hurto, apropiación indebida, etc., no deben llamarse delincuentes; asimismo, propuse que las faltas, no delitos, en que incurriese adolescentes, se promulgara la “Ley del buen ciudadano” y esos jóvenes, entre 18 y 21 años de edad, cumpliera su sanción en “Precintos Policiales” a cargo de las Municipalidades y jueces de paz, cuyas penas, no debían exceder de 30 días. Esas ideas quedaron en el aire porque fue destruido el Retén de Catia, en donde como Ministro de Justicia (E), había eliminado las camas de hierro por ser fábricas de “chuzos”, pero se aplicó el cuento de la venta del sofá y se acabó el adulterio y no ha habido ninguna ley para esos fines. Lamentablemente, en nuestro país, desde la colonia, es más fácil destruir que buscar vías de soluciones para ese submundo de los delitos y las penalidades.
