Uber es una startup financiada por capital riesgo con sede en San Francisco,California. La empresa proporciona a sus clientes una red de transporte, a través de su software de aplicación móvil («app»), conectando pasajeros con conductores de vehículos registrados en su servicio, los cuales ofrecen un servicio de transporte. La empresa organiza recogidas en decenas de ciudades de todo el mundo.
Inicialmente, los conductores tenían coches Uber como sedanes Lincoln Town Cars, Cadillac Escalade, BMW Serie 7 y Mercedes-Benz S550. Después de 2012, Uber añade una selección más amplia de coches en el mercado, los llamados UberX. Los coches se reservan mediante el envío de un mensaje de texto o mediante el uso de la aplicación móvil. Usando la aplicación, los clientes pueden rastrear la ubicación de su coche reservado.
A partir de 2012, Uber ha expandido sus operaciones para incluir compartición de viajes que no son en taxi.
Caso en españa
El juez del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha ordenado el cese de la actividad y la prohibición en todo el territorio nacional de la empresa Uber porque, dice, los conductores carecen de autorización administrativa para desarrollar su actividad y su labor implica «competencia desleal». De esta forma, el juez responde a la medida cautelar que solicitó la Asociación Madrileña del Taxi como paso previo a la denuncia contra la empresa.
En su resolución, el juez asegura que se trata de una decisión basada en la legalidad vigente, puesto que la Ley de Competencia Desleal señala que, cuando se infringen normas que son exigidas para actuar en un mercado, la infracción es en sí misma una acción desleal.
Y justifica que la decisión se tome sobre todo el territorio nacional porque Uber tiene «vocación transfronteriza» y voluntad «de ocupar de manera secuencial el mercado de transporte de viajeros sin reunir de momento los requisitos administrativos exigidos».
«Existen motivos que aconsejan que la adopción de las medidas se haga con la mayor brevedad posible, ya que existen indiciariamente conductas ilícitas que se agotan en sí mismas, como es el reiterado servicio de transporte de viajeros que se viene prestando desde hace semanas en Madrid y con anterioridad en otros puntos del territorio nacional, con la afección directa al servicio público impropio del taxi», determina la resolución, que considera que el sistema se sitúa «presuntamente en el margen de la legalidad».
La situación, añade el juez, se agrava porque la empresa desarrolla su actividad desde el paraíso fiscal de Delaware, en Estados Unidos, «y se presenta desde los notorios medios de comunicación con una deliberada vocación de opacidad, lo que podría suponer una facilidad para situarse al margen de las leyes españolas y europeas». Es también ese argumento el que emplea para justificar que la medida cautelar se haya tomado sin escuchar a la empresa.
Por todo ello, el magistrado prohíbe en toda España la actividad de Uber, bien desde su aplicación, bien desde su página web, así como cualquier otro soporte o sistema tecnológico o informático «para prestar el servicio de transporte de viajeros indicado».
Reclama, además, a las empresas de telecomunicaciones y de pago electrónico que prohíban todo tipo de transacciones y alojamiento a la empresa Uber. El juez incluye una lista de empresas –entre las que se encuentran Movistar, Ono, Jazztel, Orange o Vodafone– a las que requiere para que suspendan «la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a las redes de telecomunicaciones o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación en relación con Uber».
Caso en Holanda
Precisamente, Holanda prohibió este lunes Uber por considerar que prestar estos servicios es ilegal si no se tiene licencia. «Los conductores que prestan estos servicios de pago sin tener licencia violan la ley del taxi», aseguró la sala de apelaciones del Tribunal de Comercio de La Haya, que recordó además que estos servicios no están sujetos a las mismas inspecciones que los taxis profesionales.
Por este motivo, la corte ha reclamado a Uber que detenga la aplicación Uberpop, porque de lo contrario podría recibir multas de hasta 100.000 euros, y de 40.000 euros en el caso de los conductores.El Diario
