Los derechos humanos son una totalidad indivisible: nadie puede garantizar los derechos económicos y sociales mientras viola los derechos civiles y políticos. Aquel cuento oficialista de que es posible “sacrificar la libertad”, bajo el argumento de que esa sería supuestamente una característica “burguesa”, a cambio de “garantizar la igualdad” porque eso es “lo que le interesa al pueblo”, ha demostrado ser una oferta engañosa, una mentira.
Derechos humanos en el barrio
Al final ha terminado ocurriendo lo que he vemos todos los días en nuestros barrios, en las calles y en los centros de trabajo que aún quedan en todo el país. En el barrio, por ejemplo, el gobierno primero viola nuestros derechos económicos y sociales más elementales, al obligarnos a hacer inmensas colas para adquirir alimentos y al restringir nuestro acceso a servicios públicos básicos como el agua potable, la recolección de basura, la seguridad ciudadana y la red pública de salud. Luego (si la comunidad protesta por estas agresiones económicas y sociales) viene entonces la represión, tanto de las fuerzas regulares del Estado como de los grupos paramilitares mal llamados “colectivos”, violando así el derecho a la manifestación, a la libre expresión del pensamiento, a la organización autónoma y a la movilización, que son derechos civiles y políticos.
Un ejemplo eficiente de esto fue lo sucedido este año en Sidor: a los obreros de la que alguna vez fue la principal empresa siderúrgica del país y de América Latina, el gobierno violó primero sus derechos económicos y sociales, al imponerles un contrato colectivo que según los trabajadores lesionaba sus intereses. Luego, cuando los obreros protestaron, vino la represión, las tanquetas, los perdigones, el “gas del bueno”, la persecución y la prisión de los dirigentes sindicales, violando de esta manera los derechos civiles y políticos de los trabajadores.
La impunidad no es eterna
Así como los derechos humanos son indivisibles, su violación es un delito que no prescribe y que no conoce fronteras. En efecto, la violación de estos derechos es un crimen de lesa humanidad, cuyo castigo no prescribe, es decir, no se “vence” con el tiempo: Quienes cometen esas violaciones las perpetran haciendo uso y abuso del poder, porque creen que ese poder será eterno. Pero el tiempo pasa, la vida cambia, y los poderosos de antes dejan de serlo, y pierden así la impunidad.
La impunidad no es “soberana”
De la misma manera, la violación de los derechos humanos es un delito que no conoce fronteras: tales derechos están consagrados en una “Declaración Universal”, documento aprobado por las Naciones Unidad en 1948. Por eso, aunque el delito lesa humanidad sea cometido en un país, el delincuente puede terminar siendo juzgado en otro, y por un tribunal integrado por personas de otras nacionalidades. Por eso existe el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Por eso existe el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, del cual por cierto este gobierno pretende salirse. El carácter internacional de la búsqueda, persecución y castigo a los violadores de Derechos Humanos es otra estrategia desarrollada por la humanidad para romper la impunidad de estos criminales. Porque la impunidad, así como no es eterna, tampoco es extensa: los que violan los derechos de las personas haciendo uso y abuso del poder lo pueden hacer allí donde ese poder les brinda impunidad, pero más allá de ese lugar quedan expuestos a la acción de la justicia. Por eso es que la persecución y condena a los violadores de derechos humanos no está limitada por fronteras nacionales.
Represores y corruptos
En días recientes, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una Ley, refrendada por el presidente de ese país, para sancionar a los funcionarios del gobierno venezolano que hayan incurrido en violaciones de derechos humanos y que posean allí cuentas bancarias, mansiones, empresas y otros bienes. Tales funcionarios quedan expuestos ahora a la congelación de esos bienes y capitales, y al retiro de las visas para viajar a ese país. Lo primero que los venezolanos tenemos que lamentar es que no haya sido el parlamento y el gobierno de nuestro país los que hayan promovido esta política de sanciones a los violadores de derechos humanos, pues los mismos también están garantizados por nuestra Constitución. Además, podríamos estar en presencia de una doble lesión a los derechos, pues si bien la represión violenta contra las personas es una violación de los derechos humanos, la corrupción también lo es: ¿O es que nadie va a investigar cómo es que precisamente esos presuntos violadores de derechos humanos tienen cuentas en dólares, mansiones, yates y carros de lujo en “el Imperio”? ¿No es acaso ese el dinero que falta en los hospitales y escuelas venezolanas?
De “los extraditables” a “los sancionables”
Un gobierno serio estaría más bien persiguiendo a esos violadores de derechos humanos y cazadores de renta petrolera para devolver esos recursos al pueblo. Pero no es eso lo que ha ocurrido: puesto a escoger entre proteger la corrupción o defender al pueblo, el régimen optó por establecer solidaridades automáticas con los presuntos violadores de derechos humanos que además tienen cuantiosos bienes en el exterior. El gobierno de Maduro intenta manipular haciendo ver que se está sancionando a “la Patria de Bolívar”, cuando la verdad es otra muy distinta: los sancionables no son todos los venezolanos, sino aquellos que estén incursos en violación de los derechos humanos y que además tienen bienes en suelo norteamericano y visas de ese país. A principios de los ’80 existió en Colombia un grupo llamado “Los Extraditables”, organización de narcotraficantes que quiso arroparse en el discurso patriotero y usar la soberanía nacional como barricada para evadir la ley. Hoy en nuestro país podemos hablar de “Los Sancionables”, grupo de “presuntos” corruptos y violadores de derechos humanos que también usa el discurso patriotero para intentan evadir sanciones.
La sanción mas dura se las dará el pueblo
El final de esta historia es evidente. El desenlace de esta situación ocurrirá en Venezuela, no en Washington. Los problemas de los venezolanos los vamos a resolver los venezolanos. La sanción más firme que van a tener los violadores de derechos humanos y sus cómplices se la dará el pueblo venezolano: ¡Obama quizá les quite las visas, pero el pueblo venezolano seguro les quitara el poder!
Postdata: Por decir verdades como estas, voceros del gobierno amenazaron públicamente el pasado viernes con adoptar “medidas legales” en mi contra por el supuesto delito de “traición a la Patria”. Mi respuesta es esta: ¡aquí estoy!, ¡saben dónde encontrarme: en las calles, en los barrios, al lado siempre de la rabia y de la esperanza del pueblo, de ese pueblo opositor, chavista e independiente, que hoy está unido contra éste régimen ineficiente y corrupto, porque como dice nuestro Himno Nacional, “La fuerza es la unión”!
RADAR DE LOS BARRIOS
Jesús Chuo Torrealba
@chuotorrealba
