Argentina amaneció conmocionada por la muerte de un fiscal que acusó a la presidenta Cristina Fernandez de ser la cabeza de un plan para encubrir a los iraníes acusados de un atentado contra una sede judía de Buenos Aires en 1994.
La denuncia del fiscal Alberto Nisman, hallado muerto en la madrugada del lunes en su departamento de esta capital, es la más grave vertida contra la mandataria, quien en otra causa es investigada por su vinculación societaria en una empresa.
El fiscal había pedido la semana pasada la indagatoria de Fernández, del ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman y otros allegados al gobierno. Este lunes Nisman debía presentarse en el Congreso para explicar los alcances de su denuncia.
La presidenta no hizo declaraciones públicas pero el gobierno negó las acusaciones del fiscal y lo tildó de mentiroso e ineficaz en su investigación del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que causó 85 muertos y fue el peor ocurrido en suelo argentino.
El fiscal fue hallado sin vida en el interior del baño, bloqueando la puerta de acceso al mismo. Junto al cuerpo, que se hallaba en el suelo, se encontró un arma calibre 22 y un casquillo.
La fiscal que investiga su muerte, Viviana Fein, dijo a los periodistas que Nisman no dejó ninguna carta y que «no hubo oportunidad de hablar con vecinos» sobre lo ocurrido. Agregó que la muerte de su colega se produjo por «un disparo de arma de fuego» pero advirtió que hay que esperar los resultados de la autopsia para conocer «la causa determinante» del fallecimiento. No precisó dónde recibió Nisman el disparo.
Personal que trabajaba con Nisman en la fiscalía a cargo del caso AMIA dijo a The Associated Press que está «de luto» y no quiso opinar sobre qué pudo motivar su muerte.
La red social Twitter se llenó de mensajes de argentinos lamentando la muerte del fiscal y exigiendo su esclarecimiento. Políticos de distinta tendencia dijeron no creer que el hombre a cargo de la causa judicial más caliente de Argentina cometiera suicidio.
La diputada opositora Patricia Bullrich dijo que Nisman le señaló tres días atrás que «estaba amenazado» luego de haber denunciado a la presidenta y afirmó que no cree en la hipótesis de un suicidio. «Me dijo que estaba amenazado, me lo dijo el viernes y me lo dijo el sábado», afirmó Bullrich a periodistas.
Agregó que «hablé para coordinar detalles de su presencia en el Congreso, me dijo que se iba a quedar todo el fin de semana en su casa estudiando la causa».
En declaraciones a radio Continental, Bullrich explicó luego que el fiscal quería que la reunión en el Congreso fuera reservada «para dar pruebas más contundentes» y que el oficialismo quería hacerla pública.
Al informar hace unos días sobre su decisión de presentar la controvertida denuncia, el fiscal dijo a un grupo de corresponsales extranjeros que se sentía muy seguro del paso que estaba dando. Señaló que le había advertido a su hija de 15 años que iba a escuchar «un montón de cosas en contra» de su padre.
Nisman afirmó entonces que no sabía si iba a haber represalias en su contra pero que se sentía obligado a presentar las acusaciones, basadas en parte en escuchas telefónicas a distintas personas en el marco de la causa por el atentado, las cuales analizó durante los últimos dos años y medio.
Después se presentó en varios programas de televisión y habló con distintas emisoras de radio para ratificar sus denuncias.
La investigación de la muerte de Nisman está a cargo del juez Manuel Arturo De Campos.
Al referirse al hecho, el jefe de gabinete Jorge Capitanich manifestó «todo el apoyo» al magistrado a cargo de la investigación y no aceptó preguntas.
La madre del fiscal fue quien encontró el cuerpo sin vida. La puerta del departamento donde el hombre residía no estaba forzada.
Los agentes encargados de custodiar a Nisman, pertenecientes a la Policía Federal Argentina, habían alertado a su secretaria en la tarde del domingo al no obtener respuesta a los insistentes llamados telefónicos que le habían realizado. Al constatar que el hombre tampoco respondía al timbre de la casa, decidieron informar a los familiares.
La escolta recogió a la madre de Nisman en su domicilio para dirigirse a la vivienda del fiscal, un departamento en una torre de Buenos Aires. Al entrar, la mujer se dio cuenta de que la puerta estaba bloqueada desde adentro con llave y que ésta estaba colocada por dentro en la cerradura. Un cerrajero tuvo que abrir.
Nisman consideraba a Fernández presunta responsable de un plan para desvincular a los sospechosos iraníes del atentado a la AMIA. El fiscal presentó su denuncia en el tribunal del juez federal Ariel Lijo, al que pidió la indagatoria de la presidenta, el canciller, un diputado nacional oficialista y dos dirigentes sociales cercanos al gobierno, entre otras personas.
Lijo no se ha pronunciado hasta ahora sobre si las imputaciones ameritan la indagatoria de los acusados.
El canciller negó el jueves las imputaciones de Nisman y sostuvo que Fernández fue una de las dirigentes «más activa en buscar el juicio y castigo a los perpetradores del brutal atentado».
Además vinculó la denuncia de Nisman con la reciente decisión de la presidenta de separar del cargo al agente del Servicio de Inteligencia Jaime Stiuso, cercano a Nisman en la investigación del atentado.
Fernández afronta un momento político complicado ya que un juez federal investiga supuestas anomalías en los registros y la falta de presentación de balances de la compañía Hotesur, de la que la presidenta es accionista y que administra hoteles de su propiedad en la Patagonia.
Fernández está en el último año de su segundo mandato consecutivo y en diciembre deberá ceder el mando a quien resulte su sucesor en las elecciones de octubre.
El 18 de julio de 1994, una camioneta cargada con explosivos estalló frente al edificio de la AMIA. Ocho iraníes, algunos de ellos altos funcionarios del país en el momento del ataque, fueron acusados y sobre cinco de ellos pesan circulares rojas de Interpol o prioridades de búsqueda.
Según la denuncia de Nisman, la presidenta y su canciller «tomaron la delictiva decisión de fabricar la inocencia de Irán» para acercarse a ese país con el fin de «saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos».
Entre los acusados de participar en el supuesto plan se encuentran, además, el diputado nacional oficialista Andrés Larroque, personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia que no fue identificado, los dirigentes sociales Luis D’Elía y Fernando Esteche, el ex fiscal Héctor Yrimia, que investigó el atentado poco después de ocurrir, y el «referente comunitario» y nexo local del régimen iraní, Jorge «Yussuf» Jalil.
Según Nisman, parte de sus pruebas se fundamentaban en intervenciones telefónicas en las que supuestamente se escuchan las voces de personal de inteligencia, de Larroque, de D’Elia, de Jalil y de Moshen Rabanni, agregado cultural en la embajada iraní en Buenos Aires en el momento del atentado.
Sobre Rabanni pesa una orden de detención internacional bajo la acusación de ser uno de los autores intelectuales del ataque. Irán siempre negó cualquier implicación en lo sucedido.AP
