El policía venezolano Edgar Pérez, de 41 años, regresó a su casa, en las afueras de Caracas, tras una larga jornada nocturna del que terminaría siendo su último día de servicio.
A pocos metros de su hogar, donde lo esperaban su esposa e hijos, dos ladrones en una moto le cortaron el paso para robarle su arma reglamentaria. Según testigos, Pérez se defendió e hirió gravemente a un delincuente, pero el otro le asestó un disparo en la cabeza que terminó con su vida.
Fue uno de los 268 policías ultimados en Venezuela el año pasado, cuando el asesinato de agentes creció un 25 por ciento respecto al 2013, uno de los peores países para ser policía.
Y en lo que va de este año, 22 policías han sido asesinados, un 30 por ciento más que en el primer mes del año pasado, según la organización de derechos humanos Fundepro.
Las muertes violentas han crecido en Venezuela, pero no en la misma magnitud. La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia calcula que en el 2014 los asesinatos totales subieron menos del uno por ciento interanual hasta casi 25.000.
El personal reducido, los pocos recursos y la deficiente preparación, además de los altos índices de violencia dejan a las fuerzas de seguridad en una posición muy vulnerable.
«Tienen armas de guerra», dijo un policía de Chacao, que era amigo de Pérez. «Su poder de fuego es infinitamente superior al nuestro», se lamentó solicitando el anonimato por no estar autorizado a declarar.
«Si yo meto preso a un malandro, él sale libre en pocos días y, no lo dudes, me buscará para matarme. Con el sueldo que tenemos los policías no vivimos en lujosas mansiones sino en barriadas, al lado de ellos», agregó el policía que gana 7.000 bolívares al mes.
Esos barrios están dominados por temibles bandas en un país que, de acuerdo con Naciones Unidas, se ha convertido en el segundo más violento del mundo ante la facilidad para conseguir armas y un sistema judicial débil que ha permitido la impunidad.
«Si los policías no tienen seguridad, ¿que queda para el resto de nosotros?«, se preguntó Jackeline Sandoval, directora ejecutiva de Fundepro, quienes, a falta de estadísticas oficiales, elaboran la lista de funcionarios caídos en base a registros de los medios de comunicación y contactos policiales.
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