La resolución N° 008610 sobre el control de manifestaciones por parte de efectivos militares, con la cual se abre la puerta al “uso de la fuerza potencialmente mortal” – a través de armas de fuego-, en casos límites de protestas violentas, fue rechazada por la organización de defensa de derechos humanos Provea.
El coordinador general de la instancia, Rafael Uzcátegui, indicó que la norma suscrita por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y publicado en Gaceta Oficial 40.589 el pasado miércoles, no solo constituye una violación a las garantías constitucionales, sino también contradice la sentencia de reparaciones de El Caracazo dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Refirió que al regular de esta forma la intervención de los cuerpos castrenses en las protestas, se está eludiendo el control civil ejercido por el parlamento.
“Se está diluyendo el control de los civiles sobre la actuación de la Fuerza Armada para dar paso a la creación de un Estado militar”, dijo.
En el capítulo IV del texto se establecen los distintos usos progresivos y diferenciados de la fuerza en situaciones de protestas que van -desde una escala menor- como la intimidación; el no acatamiento de órdenes; las violencias verbal y pasiva, hasta una modalidad última llamada “violencia mortal”.
Esta es definida como la “creación de una situación de riesgo mortal” por parte de los manifestantes, “frente a lo cual el funcionario militar aplicará el método del uso de la fuerza potencialmente mortal bien con arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”.
Adicionalmente, según indica Uzcátegui, el párrafo 127 de la sentencia sobre el caso de El Caracazo -del 29 de agosto de 2002- advierte que el “Estado debe adoptar todas las providencias necesarias para (…) formar y capacitar a todos los miembros de sus cuerpos armados sobre (…) los límites a los que debe estar sometido, aún bajo los estados de excepción, el uso de las armas por parte de los funcionarios (…) No se pueden invocar pretextos de mantenimiento de seguridad pública para violar el derecho a la vida”.
